La Cámara de Diputados aprobó ayer las reformas a la Ley Orgánica del Congreso y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) para reglamentar las iniciativas ciudadanas y presidencial preferente.

En el nuevo esquema de no permitir intervenciones para debate, el pleno únicamente permitió la presentación de posturas de los partidos y desechó las reservas a artículos en lo particular.

Diputados de PRD, PT y Movimiento Ciudadano explicaron que la iniciativa popular es sólo una de las denominadas cartas ciudadanas, y está pendiente la discusión de la consulta popular, que se dejó en la congeladora desde el periodo pasado, y con la que el sol azteca pretende que se eche abajo la reforma a la Constitución en materia energética.

La modificación aprobada ayer define que los ciudadanos tendrán derecho a presentar iniciativas, que éstas se turnarán a comisiones, pero no hay un límite para que puedan ser resueltas. En contraste, se confirmó que el Ejecutivo puede presentar dos iniciativas, al inicio de cada periodo de sesiones, y tendrán que ser aprobada en un plazo máximo de 30 días.

El diputado Marino Miranda Salgado (PRD) cuestionó: ¿Por qué las iniciativas que presenten los ciudadanos son tratadas como de segunda, no preferentes, cuando en el pueblo radica un mayor poder que en el representante?

Para que un grupo de ciudadanos presente una iniciativa a las cámaras de Diputados o de Senadores, se requiere el respaldo de 0.13 por ciento de la lista nominal de electores, y que el Instituto Federal Electoral (IFE) verifique que la petición incluya los nombres completos y su firma, además de la clave de elector, de la CURP y la credencial para votar vigente.

La diputada Nelly Vargas (Movimiento Ciudadano) explicó que 0.13 por ciento de la lista nominal implica que la iniciativa esté respaldada por 118 mil ciudadanos, un número difícil de cumplir incluso para los partidos políticos.

El dictamen de la Comisión de Gobernación –aprobado por 375 votos en favor, 34 en contra y tres abstenciones– define que si el IFE determina que no se cumplió con dicho porcentaje, se informará a la cámara correspondiente y la propuesta se archivará.

Asimismo, el pleno aprobó una reforma a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, para permitir la inversión privada en la construcción de nuevas vías, así como permitir la interconexión entre empresas.

Desde la tribuna, el diputado Jaime Bonilla Valdez (PT), presidente de la Comisión de la Frontera Norte, expuso que aun cuando el dictamen afirma que se busca terminar con el monopolio de las trasnacionales y reducir el costo del transporte, “no se puede soslayar que la reforma de 1995, que privatizó los ferrocarriles, concesionados a Kansas City, Ferromex y Union Pacific –de la cual nada menos es miembro de su consejo de administración Ernesto Zedillo–, sólo sirvió para enriquecer más a los accionistas, pero en ningún caso benefició a los trabajadores ni a los usuarios”.

A las compañías sólo les interesan las fronteras, que son redituables, y no el resto del país, sostuvo.