Morelia, Mich., 4 de febrero.

El diagnóstico de la situación en esta entidad fue expuesto en cinco líneas por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong: ‘‘Lo que hoy ocurre en Michoacán no se gestó de ninguna manera en semanas o meses. Va más allá. Es producto del deterioro social. Se descuidaron factores para la convivencia y los resultados están a la vista: errores y omisiones provocaron y facilitaron la acción de grupos criminales que han dañado la convivencia, la integridad y el patrimonio de todos los ciudadanos’’.

Frente a tal panorama –expuso– el gobierno federal dispone del uso de la fuerza del Estado para garantizar ‘‘la cohesión y el desarrollo en cada territorio, comunidad y municipio donde se vulnere la ley y se fracture la acción del gobierno’’.

Alfredo Castillo, comisionado federal para la Seguridad y el Desarrollo Integral del estado, informó ante el presidente Enrique Peña Nieto, el gobernador Fausto Vallejo y el gabinete presidencial, de los primeros resultados de su encargo: liberación de nueve personas secuestradas, detención de 334 presuntos responsables, de los cuales 128 son probables operadores de la delincuencia organizada.

Y de ahí derivó: ‘‘Hemos logrado avances concretos’’ para desarticular la capacidad operativas de los grupos criminales, la investigación y aseguramiento de diversos activos de su estructura financiera (y) tenemos la firme convicción de que en breve el poder de los criminales será minado de manera definitiva’’.

Además, y sin darles el nombre de ‘‘autodefensas’’, habló del proceso de su incorporación a los cuerpos de guardias rurales: la Sedena tiene ya 523 expedientes completos de ciudadanos de Aguililla, Buenavista, Parácuaro, Tancítaro, Coalcomán y Tepalcatepec, y también el registro de 813 armas y las diligencias para completar las evaluaciones médicas y sicológicas de los interesados. Y hay, añadió, mil 238 policías en instalaciones militares de Tlaxcala, en proceso de evaluación y de capacitación.

Osorio Chong, como en la víspera, insistió en no partidizar ni politizar la situación michoacana. ‘‘A nadie le conviene la condición que hoy vive el estado; no hay espacio para cálculos electorales’’.

Pero el gobernador Fausto Vallejo traía otro enfoque para explicar su solicitud de intervención ‘‘con amplio sentido de responsabilidad’’ al gobierno federal. Primero agradeció la presencia de varios ex gobernadores (Ausencio Chávez, Genovevo Figueroa y Víctor Manuel Tinoco, todos del PRI), pero luego espetó: el fenómeno de violencia ‘‘es producto de varios lustros de indiferencia, de la falta de estrategia y de coordinación entre las autoridades, pero sobre todo de la falta de voluntad para atacar el origen del conflicto, que no es otro que la carencia de oportunidades para el desarrollo’’. Todo ello provocó que la delincuencia sembrara raíces, dijo entonces.

No se quedó ahí. Tras agradecer de muchas maneras al gobierno federal acudir en su auxilio, remató con reflexiones en primera persona: ‘‘No soy omiso a las críticas de algunos medios de comunicación y de actores políticos, pero atrás de mí hay 4.5 millones de michoacanos que requieren de la seguridad y el desarrollo (...) y las críticas las acepto. Eso y más vale Michoacán’’.

En las calles aledañas al Centro de Convenciones –fuertemente resguardadas por vallas metálicas– se manifestó un centenar de ex braceros y también integrantes del Comité de Familiares de Personas Detenidas y Desaparecidas ‘‘Alzando voces’’.

Al finalizar el acto, Luisa María Calderón, senadora del PAN, ex candidata el gobierno estatal y hermana del ex presidente Felipe Calderón, dijo que leerá con atención el anuncio de inversiones porque ‘‘las cinco líneas son buenas, pero no extraordinarias’’, y dijo que al pedir que se designe a un funcionario de alto nivel por cada dependencia estatal se intente formar un ‘‘gabinete sombra’’ y tener de ese modo ‘‘un gobierno estatal de membrete’’.