yer, en Morelia, al anunciar una estrategia gubernamental para atender la crisis de inseguridad y violencia que se vive en Michoacán, el presidente Enrique Peña Nieto informó que el gobierno federal destinará 45 mil 500 millones de pesos durante este año para diversas acciones en materia de desarrollo en la entidad: economía familiar y empleo, educación y cultura, infraestructura y vivienda, salud y seguridad social y desarrollo social y sustentabilidad. A renglón seguido, el político mexiquense instruyó a los titulares de las dependencias federales involucradas a que visiten la entidad por lo menos dos veces al mes.
El anuncio es una buena noticia en la medida en que va más allá de las maneras en la que el gobierno federal mexicano ha intentado, hasta ahora, contener la violencia y la erosión del estado de derecho en la entidad referida: mediante despliegues militares y policiales espectaculares, pero ineficaces y hasta contraproducentes; en cambio, ha venido evitando la toma de decisiones de fondo para revertir la descomposición social –la cual constituye el caldo de cultivo para el auge de la delincuencia y la ingobernabilidad– como el fomento a las actividades productivas, la generación de empleo, el gasto público en educación e infraestructura, la promoción del desarrollo económico y el bienestar social.
La inseguridad y la violencia en Michoacán son producto de una cadena de omisiones e irresponsabilidades atribuibles a las autoridades federales, estatales y municipales, las cuales, desde el sexenio antepasado y hasta el primer año del presente, han faltado a sus tareas y obligaciones fundamentales de garantizar la vida, la integridad física, el patrimonio y el libre tránsito de la población; han permitido la infiltración de la delincuencia organizada en las corporaciones de seguridad pública de los tres niveles y han abandonado a su suerte a la población ante el embate de esos grupos.
Es precisamente ese abandono por parte de las fuerzas públicas, e incluso la connivencia entre éstas y los cárteles lo que dio pie a la toma del control de vastas regiones por parte de la delincuencia organizada en Michoacán, así como al fenómeno –comprensible y lógico, aunque no menos indeseable– de los grupos de autodefensa, lo que ha implicado una conversión de los ciudadanos en grupos armados irregulares que buscan recuperar la seguridad pública por propia mano.
Por desgracia, lo que ocurre en Michoacán no es un asunto aislado ni regional, sino parte de la descomposición institucional en el país; de hecho, la ausencia del Estado, su consiguiente pérdida de control territorial y la inseguridad y la ingobernabilidad resultantes no se circunscriben a los municipios michoacanos en disputa ni a la región de Tierra Caliente –si bien es ahí donde se expresan de manera más aguda en el momento presente–, sino que se extienden por buena parte del territorio nacional.
En suma, aun cuando el anuncio formulado ayer por Peña Nieto es plausible y saludable, la proliferación de escenarios tanto o más graves que el michoacano pone sobre la mesa la necesidad de adoptar medidas similares en lo nacional a fin de revertir las consecuencias de varios lustros de abandono de las obligaciones gubernamentales para con la población. Es deseable, por último, que el gobierno aclare qué mecanismos se pondrán en práctica para supervisar el correcto flujo de los recursos anunciados y garantizar que lleguen a su destino, a efecto de evitar que se pierdan en prácticas dispendiosas, en burocracias onerosas e inútiles o en la corrupción, vicios estructurales del aparato administrativo en todos sus niveles y que podrían dar al traste con el sentido original y con los objetivos de la estrategia gubernamental comentada.
