El PRD en la Cámara de Diputados solicitará un estudio de constitucionalidad al dictamen de las comisiones de Derechos Humanos y del Distrito Federal, que aprueba la ley de manifestaciones públicas para la ciudad de México, antes de que se presente al pleno.

El vicecoordinador del PRD, Miguel Alonso Raya, explicó que ese dictamen es uno de los 30 que están pendientes, y sobre el que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó un reporte al Estado mexicano, el cual debió entregarse el sábado.

La petición es para que se defina si la Cámara de Diputados tiene atribuciones para legislar sobre manifestaciones en el Distrito Federal. Si no, vamos a exigir que no se incluya a discusión, dijo.

El citado dictamen se encuentra aún en la mesa directiva, que ha privilegiado en la agenda la discusión de los que ya fueron dados de primera lectura y están pendientes de votación.

Entre los temas a discutir en las primeras dos semanas está el dictamen –aprobado la semana pasada en comisiones– a la minuta del Senado con el código penal único.

También, una reforma a la ley del Servicio Ferroviario –promovida por el PRI– para terminar con el monopolio de las trasnacionales en el aprovechamiento de las vías, y permitir la construcción de nuevas líneas, así como garantizar la interconexión en las vías férreas.

Asimismo, otro para modificar la Ley para Prevenir y Sancionar el Secuestro, con el propósito de aumentar las penas contra quienes simulen un plagio; de esta manera, las jornadas de trabajo en favor de la comunidad pasarían de 200 a 700, o se aplicaría prisión de tres a ocho años.

Se incluye un paquete de reformas para garantizar con mayor claridad los derechos de ancianos, niños –en este caso sobre alimentación–, mujeres, indígenas y discapacitados. Incluso se considera una reforma a la Ley General de Salud, para que a quienes se dedican a la optometría se les exija título profesional o certificado de especialización.

Además, un dictamen para obligar a los vehículos de autotransporte de carga, pasaje y turismo que transiten en caminos y puentes de jurisdicción federal a la verificación, pero sólo a partir del tercer año de su uso en cuanto a contaminación, y del cuarto en sus condiciones físicas y mecánicas.