veces es casi imposible contar de manera coherente y lógica los acontecimientos en Estados Unidos, y uno sólo puede quedarse asombrado de cómo de repente todo parece estar al revés.

Una monja católica de 84 años está a la espera de saber si el gobierno federal la condenará a pasar el resto de su vida en una celda por un acto de desobediencia civil. La hermana Megan Rice, que ha sido arrestada decenas de veces por actos de protesta antiguerra (incluso contra la Escuela de las Américas, que capacita a militares latinoamericanos), afirmó que tenía que actuar, citando los principios de Nuremberg, cometiendo sólo aquello que es la responsabilidad superior a toda ley nacional e internacional: oponerse y revelar crímenes de gobiernos y agentes contratistas. Su delito: en julio de 2012 ingresó ilegalmente con otros dos activistas antiguerra, Michael Walli, de 64 años, y Greg Boertje-Obed, de 58, al Complejo de Seguridad Nacional Y-12, una planta de producción de armas nucleares en Tenesi y supuestamente una de las instalaciones más seguras del país, donde lograron llegar hasta el centro de procesamiento de uranio sin ser detectados y rociar sangre, en una protesta simbólica contra lo que consideran una actividad ilegal e inmoral. Declarados culpables de sabotaje en el juicio, esperan conocer la sentencia de cárcel, que podría ser de entre seis a 30 años.

Los fiscales federales –representantes del gobierno federal– argumentan que Rice y sus compinches son culpables de delitos muy serios que ameritan condenas serias.

Todo esto en un país que tiene suficientes armas nucleares para destruir al mundo varias veces y el único en la historia que las ha usado, pero que continúa presentándose como guardián de la paz mundial, con el derecho de atacar militarmente a cualquiera a quien acuse de tener armas de destrucción masiva (el pretexto falso para la guerra en Irak). Pero los que se atreven a realizar acción no violenta en contra de estas políticas bélicas, incluidas monjas de 84 años, son los criminales.

En otro rubro, los responsables del fraude más grande de la historia, y en consecuencia, de la peor crisis económica desde la gran depresión, son premiados. La senadora Elizabeth Warren comentó que JPMorgan Chase resolvió un caso legal en su contra pagando 13 mil millones de dólares al Departamento de Justicia, aclarando que el gigante bancario violó la ley, jugó irresponsablemente con nuestra economía y tuvo que pagar un monto récord para resolver el caso con el gobierno. ¿Adivinen que sucedió después? Acertaron: el ejecutivo en jefe de JPMorgan, Jamie Dimon, acaba de recibir un incremento de 74 por ciento en su sueldo. Concluyó que si un acuerdo es tan débil que Wall Street lo festeja con incrementos salariales, no es un buen acuerdo para el pueblo estadunidense.

Y esto cuando se reporta que los 400 estadunidenses más ricos tienen una riqueza combinada de 2 billones de dólares (más que el total de la mitad de la población, más que el PIB de México), cifra récord, mientras se reportan más pobres y más gente con hambre que nunca.

En otro ámbito, el jefe de inteligencia nacional, James Clapper, denunció, una vez más, que Edward Snowden provocó daños profundos y puso en riesgo las vidas de agentes estadunidenses por sus acciones ilegales. Afirmó todo esto ante el mismo comité del Senado ante cual mintió –lo que según sus críticos debería ser un delito potencial– en marzo de 2013, cuando negó que el gobierno recaudaba datos sobre las comunicaciones de millones de estadunidenses, algo por lo cual se tuvo que disculpar poco después con las revelaciones de Snowden. Así, los jefes de inteligencia continúan denunciando a un mensajero sin reconocer que el mensaje que entregó revela lo que hasta una comisión del Poder Ejecutivo declaró hace un par de semanas actividades sin sustento legal.

Mientras Estados Unidos se la pasa denunciando abusos contra los derechos humanos en otros países, el Washington Post reportó que una cárcel clandestina establecida por la CIA en Polonia en 2003 fue utilizada para torturar detenidos en la llamada guerra contra el terror. La CIA, según ex agentes citados por el rotativo, le pagó a Polonia 15 millones de dólares en efectivo para el uso del llamado sitio negro, donde, entre otros, sometió a Khalid Sheikh Mohammed, acusado de ser el autor intelectual de los atentados del 11-S, a la técnica de waterboarding (ahogamiento simulado), considerada tortura. Hasta la fecha, ningún torturador, ni sus jefes, han tenido que rendir cuentas ante la justicia nacional o internacional.

Por otro lado, investigadores de la Escuela de Medicina de Yale publicaron un informe en la revista médica Pediatrics en el cual concluyen que casi 10 mil menores de edad mueren o son heridos por armas de fuego cada año en este país, donde la tasa de mortalidad por esta causa es casi 10 veces más alta que la de otros países avanzados. En los primeros 14 días escolares de 2014 se reportaron por lo menos siete incidentes de violencia con armas en escuelas (en 2013, hubo un total de 28). Pero aún no hay mayores controles sobre la compraventa de armas a ciudadanos. Al contrario, los políticos continúan defendiendo el derecho a las armas. ¿Cuántas muertes más de niños se necesitan para que los adultos hagan algo?

El historiador Howard Zinn contaba hace muchos años que en el rubro de ley y orden todo parecía estar al revés en este país: en la cárcel están los que no deben, y no están los que deben; en el poder están los que no deben, y los que deben no están en el poder... Agregó que los que se atreven, como la hermana Rice, a enfrentar con actos de desobediencia civil lo que les parece ilegal y fuera de orden por las autoridades son sujetos a ser acusados de acciones criminales. Zinn afirmaba que la desobediencia civil no es el problema, más bien el problema es la obediencia civil ante todo lo que está al revés.