i un empleado comete un error que afecta los intereses de la empresa en la que trabaja, lo menos que le pasa es que lo cesen, cuando no es que lo obligan a pagar los daños que ocasionó. Así debía ser tratándose del patrimonio nacional, que pertenece a todos los ciudadanos y a las generaciones futuras. Pero no ocurre así. Siguen en su cargo y hasta los ascienden. Es lo que sucede frecuentemente cuando se trata de conceder licencias y aprobar estudios relacionados con el medio amiente y los recursos naturales. Un ejemplo reciente lo tenemos con la manifestación de impacto ambiental (MIA) aprobada por la Secretaría del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Semarnat) y que da vía libre a la explotación minera a tajo abierto en Los Cardones, Baja California Sur.
En carta dirigida a instancias de esa secretaría que aprobaron dicha MIA, un destacado investigador critica severamente a la Semarnat, pues tiene deficiencias tan evidentes que debió rechazarse de inmediato. Se trata del doctor Exequiel Ezcurra, ex presidente del antiguo Instituto Nacional de Ecología. Hoy dirige el Instituto para México y Estados Unidos, con sede en San Diego, California. Invecture Group es quien pretende explotar Los Cardones. Sus promotores aseguran que será el parteaguas y ejemplo mundial en la explotación minera responsable; que contribuirá al bienestar de la zona, respetará absolutamente
el medio ambiente y mejorará la calidad de vida de los mineros y sus familias y a las comunidades El Triunfo, San Antonio y El Rosario, pertenecientes al municipio de La Paz, y en las que hay pobreza, migración por falta de empleo y condiciones de vida nada satisfactorias. En cambio, con Los Cardones habrá más de 2 mil nuevos empleos y se diversificará la actividad económica sin perjudicar, por ejemplo, el turismo. Y por si algo faltara, se reforestarán tres hectáreas por cada una que se utilice en la actividad minera, en provecho de la flora y fauna regional. Mejor, imposible.
Pero Los Cardones es el antiguo proyecto Concordia de un consorcio canadiense para extraer en 10 años 40 toneladas de oro a cielo abierto. El maestro Ezcurra ilustra cómo para elaborar un centenario de oro (que contiene poco más de una onza troy) se necesita extraer 132 toneladas de roca, consumir 100 mil litros de agua dulce y 450 litros de combustible. Con esa agua se puede abastecer a 200 familias al día. Además está el problema de transportar material de alta peligrosidad. El proyecto ocuparía 400 hectáreas de la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera Sierra de La Laguna. El agua requerida para los trabajos provendrían de una planta desalinizadora.
Pero, como oportunamente denunciamos aquí, existe el riesgo de contaminar la fábrica de agua ubicada precisamente en Sierra de La Laguna y que abastece del líquido a las ciudades y poblados cercanos, como La Paz y Todos los Santos (un pueblo mágico), además de afectar negativamente las actividades turísticas y agrícolas sustentables allí existentes y la flora y fauna únicas de la reserva.
La oposición al proyecto provocó desde un principio las mayores movilizaciones ciudadanas que se recuerden en la entidad, hasta reunir en La Paz a casi 10 mil personas. Por su parte, el Colegio de Médicos Cirujanos advierte sobre los peligros para la salud pública de Los Cardones por el cianuro y el arsénico que se utilizaría. A lo que se agrega la emisión de dióxido de carbono a la atmosfera por el consumo de 100 millones de litros de hidrocarburos y severas alteraciones del acuífero costero al arrojar al mar 600 mil toneladas de sales residuales.
Otros especialistas se suman a las críticas del doctor Ezcurra por las inconsistencias y falta de información que contiene la manifestación de impacto ambiental aprobada por la Semarnat. Es el caso del coordinador del Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable de Baja California, Francisco Javier Guzmán. Hasta un senador del Partido Acción Nacional, Carlos Mendoza, propone no autorizar ningún proyecto minero en áreas naturales protegidas.
Cabe entonces preguntar qué intereses inconfesables insisten en respaldar oficialmente este proyecto minero depredador.
Para Cristina, Laura Emilia y Cecilia Pacheco