e acuerdo con el diario O Globo, la Cámara de Comercio Exterior (Camex) de Brasil se apresta a imponer a Estados Unidos represalias comerciales por 800 millones de dólares debido al incumplimiento de Washington con un acuerdo bilateral que obligaba al gobierno estadunidense a pagar compensaciones por el subsidio que otorga a sus exportadores de algodón.

El convenio fue firmado hace tres años, luego de un litigio comercial entre ambas partes, y estipulaba que Estados Unidos pagaría casi 150 millones de dólares anuales al Instituto Brasileño del Algodón (IBA) para compensar los perjuicios causados a los productores del país sudamericano por el subsidio a los agricultores estadunidenses, lo que es considerado una práctica desleal en el contexto de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

El acuerdo fue adoptado a la espera de que la superpotencia aprobara una nueva ley agraria que aboliera los subsidios referidos. Pero hasta ahora el Capitolio no ha aprobado tal legislación; la que estaba en vigor expiró en septiembre de 2013 y Washington dejó de pagar las compensaciones acordadas.

En respuesta, a decir de O Globo, a partir del mes entrante Camex elevará hasta en 100 por ciento los impuestos de importación a un centenar de productos importados de Estados Unidos, entre ellos paracetamol, papas, productos de belleza, lectores de código de barras y automóviles. Asimismo, el organismo estatal brasileño estudia la posibilidad de ignorar los derechos de propiedad de patentes estadunidenses, incluidas semillas, medicamentos, películas y obras literarias.

La decisión del país sudamericano constituye una medida sin precedente en el continente y posee una doble significación: por una parte, expresa la determinación del gobierno de Brasilia de defender su mercado y su producción agrícola, incluso en un mundo regulado por las lógicas del libre comercio impuestas, en buena medida, por presiones de las propias autoridades estadunidenses; por el otro, representa un acto de soberanía, firmeza y dignidad que debiera ser imitado por otros gobiernos de América Latina.

Son de sobra conocidos los abusos y atropellos cometidos por Washington en sus relaciones comerciales con otros países, especialmente cuando se trata de países débiles: tras imponer la firma de acuerdos comerciales, Estados Unidos suele incumplir las reglas en ellos estipuladas, y cuando las autoridades de la nación afectada se deciden a acudir a los páneles de solución de controversias, es frecuente que la potencia del norte emprenda presiones políticas y diplomáticas para obtener fallos favorables.

Desde 1994, año en que se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), México ha sido víctima regular de tales abusos; baste recordar los vetos estadunidenses contra el atún, el aguacate y el transporte mexicanos, adoptados con insostenibles alegatos de corte ambiental, sanitario o de seguridad.

En todas esas controversias, a las autoridades mexicanas les ha faltado la firmeza que ahora exhiben las brasileñas, y esa carencia se ha traducido en perjuicios graves para los productores nacionales y para la economía del país. En el terreno de los intercambios comerciales, especialmente los que se realizan con las economías desarrolladas, es necesario un cambio de 180 grados, abandonar las posturas claudicantes y asumir una actitud de defensa de la soberanía, del mercado y de la producción interna y, en última instancia, de los mexicanos.