Originalmente concebido con la inamovilidad de sus integrantes como garantía de imparcialidad en su desempeño, en el ocaso de su existencia, el Instituto Federal Electoral enfrenta un segundo descabezamiento consecutivo. Si en 2006 la remoción obedeció a la crisis de credibilidad que dejó la gestión de Luis Carlos Ugalde, la secuela de 2012 no provino sólo de las descalificaciones de la izquierda, sino también del descrédito de las instituciones locales en una reforma electoral tendiente a la centralización.

El saldo: de los últimos 18 consejeros electos, sólo siete han concluido su periodo. De los 11 restantes, 10 fueron removidos (o están en vísperas de serlo) y sólo Sergio García Ramírez renunció siete años antes de terminar. Es decir, sólo 38 por ciento terminaron su gestión. La proporción contrasta con el consejo inmediato anterior, cuando 78 por ciento finalizó su encargo.

La inestabilidad ha provocado ya que tras 23 años de existencia el IFE vaya concluir su vida institucional con más presidentes provisionales que electos por el Congreso, como dispone la legislación: tres designados por los legisladores (José Woldenberg, Leonardo Valdés y Ugalde), y de cumplirse en su totalidad la rotación anunciada por los actuales cuatro consejeros, podrían ser cinco provisionales en los pasados seis años.

Las remociones masivas de consejeros no han sido el único factor de inestabilidad que han provocado los partidos políticos (Andrés Albo, Lourdes López, Teresa González, Rodrigo Morales y Alejandra Latapí en 2008 y Marco Antonio Baños, Lorenzo Córdova, María Marván y Benito Nacif en 2014). También lo ha sido el incumplimiento de los plazos constitucionales para designar sustitutos cuando se tenían previstos relevos escalonados.

La salida de Arturo Sánchez, Marco Antonio Gómez Alcántar y Virgilio Andrade implicó que los diputados incumplieran su responsabilidad legal durante 14 meses, hasta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió una sentencia para ordenar su designación. La dimisión de Sergio García Ramírez, en febrero, tiene ya 10 meses en falta, a pesar de sendas sentencias del TEPJF; las ausencias de Valdés, Alfredo Figueroa, Macarita Elizondo y Francisco Guerrero llevan ya dos meses sin sustituciones.

Estas condiciones han llevado a concluir a Nacif que las reformas electorales recientes sólo han generado un alto grado de inestabilidad en las instituciones electorales.

Las remociones asociadas a reformas electorales no han sido el único factor de inestabilidad, la inamovilidad tampoco se ha cumplido por los intereses personales. Electos bajo el principio de imparcialidad, a lo largo de los 23 años de historia del IFE, varios de sus miembros han dimitido, en aras de forjarse una carrera partidista: secretarios de Estado, precandidatos presidenciales, diputados, senadores y aspirantes a gobernador.

El PAN ha sido el que más elementos ha obtenido, destacando por su trayectoria posterior al encargo Santiago Creel –consejero entre 1994-1996–, quien fue secretario de Gobernación en la administración Fox, senador y precandidato presidencial en dos ocasiones por el blanquiazul.

Otro ex consejero que llegó a secretario de Estado fue el extinto Alonso Lujambio (1996-2003, en el IFE), como titular de Educación Pública y senador. Si ambos concluyeron su encargo en los tiempos legales, no fue el caso de Juan Molinar, quien renunció para irse como subsecretario de Enlace Legislativo de Gobernación en la gestión de Vicente Fox y luego titular de Comunicaciones y Transportes con Felipe Calderón.

Gastón Luken, quien llegó como sustituto al IFE, también se vinculó al PAN como diputado federal.

Ninguno de los ex consejeros electorales ha optado hasta ahora por el PRI. En cambio, los partidos de izquierda han sido destino de ex consejeros electorales, Emilio Zebadúa y Jaime Cárdenas.

Zebadúa dimitió para incorporarse como secretario de Gobierno de Chiapas, luego fue diputado federal perredista y aspirante a la gubernatura de ese estado.

Cárdenas concluyó el periodo para el que fue designado y posteriormente fue nominado como diputado federal por el Partido del Trabajo. Otro ex consejero ciudadano que incursionó en la política fue Miguel Ángel Granados Chapa, quien se postuló como candidato a gobernador de Hidalgo por una coalición de izquierda.