on el telón de fondo del clima de descomposición y la fractura del estado de derecho que se viven en Michoacán, grupos de autodefensa tomaron ayer la cabecera municipal de Churumuco y de la tenencia de Juntas de Poturo, y concretaron de esa manera presencia y control en una sexta parte del territorio estatal.

Desde el inicio de sus operaciones, hace 10 meses, esas organizaciones han insistido en que su existencia obedece a la necesidad de combatir a las agrupaciones delictivas que operan en esa entidad, ante la inacción de las autoridades municipales y estatales. Lo cierto es que el fenómeno descrito –la toma de cabeceras municipales por civiles armados– ha ido cubriendo huecos de poder generados a su vez por la corrosión institucional que padecen los tres niveles de gobierno, pero que ha crecido con particular crudeza en el ámbito municipal. A fin de cuentas, los cuerpos del orden municipales suelen ser los eslabones más débiles y vulnerables ante el poder de fuego y la capacidad económica que poseen las organizaciones criminales, en tanto las alcaldías son las instancias de gobierno que acusan la peor parte de la desvinculación y falta de coordinación eficaz que ha podido observarse entre los gobiernos estatales y el federal, particularmente en lo que se refiere a las tareas de seguridad.

La misma debilidad puede observarse, por lo demás, en ámbitos distintos y alejados al de la violencia michoacana. Ayer mismo, pobladores del ayuntamiento de Ánimas Trujano –municipio conurbado a la ciudad de Oaxaca– ocuparon el palacio municipal para impedir que se realizara la asamblea comunitaria en la que se pretendía elegir a los integrantes del cabildo, con el argumento de que esa votación ya se había realizado el 24 de noviembre. A ello se suman las protestas de habitantes de Zimatlán de Álvarez y en Santo Tomás Tamazulapam, también en Oaxaca. En Veracruz, en tanto, continúa tomado el palacio municipal en San Pedro Soteapan por conflictos de índole electoral.

Los casos descritos dan cuenta de un deterioro, en distintos frentes, de la institucionalidad política del país en su entornos más fundamentales, que es el que integran las autoridades del ámbito municipal. Dicha descomposición debiera ser factor de alarma a escala nacional, habida cuenta de la importancia que tiene ese nivel de gobierno en la construcción del entramado institucional del país: no es gratuito que la Carta Magna, en sus artículos 21 y 115, reconozca a los ayuntamientos como la base de la organización política y administrativa del Estado nacional.

Es meridianamente claro que para superar el declive comentado no se requieren soluciones de carácter centralista –como el despliegue de fuerzas federales en los territorios afectados por la violencia–, que terminan por ser meros paliativos. La solución efectiva y perdurable se tiene que lograr mediante el pleno respeto al pacto federal y a los poderes y facultades constitucionales de los municipios, lo que implica el fortalecimiento de los mismos en todos los frentes y la suspensión de las pulsiones centralistas que persisten en muchos de los gobiernos estatales y en el federal.