El gobierno de Enrique Peña Nieto no ha hecho un diagnóstico de derechos humanos, hizo a un lado la investigación de agresiones a periodistas o defensores de derechos humanos y tampoco ha adoptado medidas para protegerlos, cuestionó el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), José Luis Muñoz Soria (PRD).

El legislador, también integrante de la Comisión de Derechos Humanos, planteó que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, es el encargado de contar con dicho diagnóstico, que permita tomar decisiones para cumplir los tratados y normas internacionales para prevenir y combatir la violencia contra la mujer, los defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas.

La ausencia de estas políticas –entre las que se requiere una estrategia de seguridad para reducir la violencia– agregó, explica por qué continúan impunes las violaciones graves a los derechos humanos de militares y policías.

Tampoco se ha publicado una metodología para revisar la lista de personas desaparecidas, ni se ha creado un registro nacional de restos humanos, reprochó.

Refirió que en una reunión convocada por la Casa de los Derechos de Periodistas, más de 150 trabajadores de diversos medios de 26 estados y expertos concluyeron que tanto la Procuraduría General de la República (PGR) como Gobernación incumplen con el mandato legal de investigar agresiones y proteger a comunicadores.

Esta situación impide erradicar la impunidad, pese a que han sido asesinados 84 periodistas en el país de 2000 a junio de 2013, según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dijo.

Muñoz Soria también citó el informe de Jody Williams y Rigoberta Menchú, donde informan que en México los feminicidios han aumentado 40 por ciento desde 2006, en el contexto de la lucha contra el narcotráfico, que además ha dejado más de 50 mil muertos, 250 mil desplazados y miles sometidos a desaparición forzada.

Señaló que el mismo documento afirma que la incidencia de feminicidios, violencia sexual, violación y desaparición forzada, así como ataques y detención arbitraria de mujeres y defensores de los derechos humanos han alcanzado dimensiones de crisis.

Recordó que la ASF reprobó el desempeño de la Unidad para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, porque incurrió en subejercicio de más de 4 millones de pesos de su presupuesto y no pudo acreditar el cumplimiento de los 33 tratados internacionales en la materia firmados por México.

Tampoco, expuso, el Sistema de Seguimiento de Recomendaciones de Gobernación registró los esfuerzos realizados por el Ejecutivo federal para cumplir las recomendaciones emitidas por el ombusdman y del Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012, que fueron cumplidas sólo parcialmente.