La Secretaría de Gobernación (SG) estima que 27.8 millones de personas viven en comunidades rurales aisladas en condición de alta exposición a peligros y con servicios deficientes, así como insuficientes canales de información y comunicación, lo que las convierte en la población más vulnerable.

En la década anterior, México experimentó 48 grandes desastres de origen natural, cada uno de los cuales causó daños superiores a los mil millones de pesos. En cuanto a pérdida de vidas humanas, se reportan 286 fallecimientos (esto no incluye el desastre de Guerrero ocurrido en septiembre pasado).

Sin embargo, precisa la SG, históricamente el monto total de inversión pública en prevención ha sido inferior al de reconstrucción, lo cual crea un esquema deficitario de asignación presupuestaria.

De 2004 a 2012, los recursos fiscales para la prevención fueron de mil 662 millones de pesos, mientras que la aportación autorizada del Fondo Nacional de Desastres fue de 86 mil 735 millones, lo que establece una proporción de 1 a 52, es decir, por cada dos pesos invertidos en prevención se destinaron a la reconstrucción en ese mismo periodo 104 pesos.

Preparación de atlas de riesgos

Esta dependencia ha registrado hasta el momento 84 mil elementos para ser incluidos en el Atlas Nacional de Protección Civil, una guía de observancia obligatoria que deberá estar lista a mediados del año entrante.

Cada indicador refiere un posible punto de riesgo como ladera, ducto de Petróleos Mexicanos, uso de maquinaria y de pirotecnia, propensión a incendios, laderas, ríos, fuga radiológica y nuclear, actividad volcánica, pandemia, además de los típicos riegos hidrometeorológicos y sismológicos, entre muchos otros.

El plan es tener el atlas nacional en 2014, como mecanismo de prevención y reacción en caso de emergencias y desastres, no sólo provocados por fenómenos naturales sino por la acción del hombre.

El más reciente –aún no contabilizado en la estadística anterior– ocurrió en septiembre pasado por el paso de un huracán en el Golfo de México y la tormenta tropical Manuel en el Pacífico. Los fenómenos dejaron al menos 151 muertos.

A consecuencia del desastre, Luis Felipe Puente, coordinador nacional de Protección Civil de la SG, admitió que hubo errores y omisiones de los tres niveles de gobierno.

Ante ello, se comprometió a acelerar los trabajos para la integración de los atlas de riesgos, evaluar las condiciones en materia de radiocomunicación en las comunidades más apartadas y emitir un reporte acerca de eventuales responsables de la tragedia, vinculada en primer momento a autorizaciones irregulares para la construcción de asentamientos humanos en Acapulco.

Un documento de la SG informa que los desastres de origen natural afectan la capacidad de respuesta de las entidades en grado tal que solicitan a la Federación apoyos especiales para la reconstrucción, a través de los mecanismos de declaratorias de desastres natruales. De 2001 a 2012, el gobierno federal emitió 416 declaratorias de este tipo, es decir, 34.7 por año.

Recientemente fue publicado el Reglamento de la Ley General de Protección Civil con el propósito de mejorar la coordinación de los integrantes del sistema nacional en la materia, el cual –prevé Gobernación– permitirá reducir los riesgos cuando menos una tercera parte en 15 años y más de la mitad en 30 años.

Advierte que la falta de regulación de los asentamientos humanos, la degradación ambiental, los retrasos en acciones de ordenamiento territorial y de obras de protección contra riesgos previsibles hace que la temporada anual de lluvias y ciclones tropicales siga siendo sinónimo de incremento de riesgo.