La dependencia formaliza su desistimiento y ya no se presentarán testigos
Tampoco se desahogarán pruebas en el caso del presunto vínculo con los Beltrán Leyva
Viernes 21 de junio de 2013, p. 7
La Procuraduría General de la República (PGR) formalizó su desistimiento para que ya no se desahoguen comparecencias de algunos testigos y pruebas que había solicitado dentro del proceso penal que inicialmente era contra cuatro generales –uno de ellos, Tomás Ángeles, ya salió libre– y dos mandos del Ejército por su presunta vinculación con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, informaron funcionarios del Poder Judicial.
Delincuencia organizada, el cargo
De esta manera, el Ministerio Público allana nuevamente el camino para que en las próximas semanas el juzgado tercero de distrito en materia penal, con sede en Toluca, pueda decretar el cierre de instrucción y con ello se fije el plazo para se dicte sentencia a los coacusados, señalaron las fuentes consultadas.
La Jornada informó ayer que la PGR preparaba el desistimiento de las diligencias que habían sido solicitadas con la intención de que los cargos de delincuencia organizada por los que acusó a los militares eran ciertos, a pesar de que defensores de los inculpados, entre ellos José Ordóñez, representante del general Roberto Dawe, habían señalado que la procuraduría ‘‘estaba actuando con doble rasero’’.
Lo anterior, porque ‘‘a pesar de haber reconocido que sus testigos habían mentido y con base en ello se otorgó la liberación del general Tomás Ángeles Dauahare, a sus coacusados se les quería mantener en prisión a pesar de que no eran ciertas las declaraciones’’.
Ayer fueron aceptados los argumentos de la PGR en cuanto al desistimiento del desahogo de pruebas y, según las fuentes consultadas, ya solamente falta que la defensa del general Rubén Pérez Ramírez se desista de una prueba solicitada, indicaron los funcionarios.
Hace 15 días, la PGR pidió al juzgado tercero que no cerrara el juicio y que le autorizara llevar a cabo el desahogo de varias diligencias que podrían demostrar la responsabilidad penal de los generales Dawe, Ricardo Escorcia y Rubén Pérez, así como del teniente coronel Isidro de Jesús Hernández y el mayor Iván Reyna, a pesar de que en el caso del general Ángeles Dauahare el Ministerio Público Federal reconoció que no había acreditado o comprobado las declaraciones emitidas por sus testigos protegidos.
