Cuando menos dos altos ejecutivos de Minera Frisco son responsables de la violación de los derechos constitucionales de los trabajadores de la mina El Coronel, en Zacatecas, y de la agresión de que fueron objeto los trabajadores el pasado viernes, al tiempo que aparecen como directamente promotores del tenso ambiente que se vive en la zona, denuncia el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, Napoleón Gómez Urrutia.

En entrevista telefónica con La Jornada, el dirigente sindical precisa que el primero de ellos es el gerente Guillermo Jaso Moreno, encargado de cubrir los gastos para transportar y pagar (500 pesos por cada uno) a los cerca de 250 golpeadores que agredieron a los paristas (con la absoluta complacencia del gobernador zacatecano Miguel Alonso), porros encabezados por David Navarro, líder de la sección 62 del autodenominado ‘‘Frente Minero’’, encabezado por Carlos Pavón, mejor conocido en ese gremio como La Marrana. ‘‘Esos son los autores intelectuales y materiales del artero ataque en contra de los mineros de El Coronel’’, insiste.

‘‘El segundo es el ingeniero Ernesto Chávez, gerente de Recursos Humanos de Frisco, quien desde el pasado sábado dijo a los 740 trabajadores de El Coronel que la empresa ‘había decidido despedirlos’. Frisco no ha oficializado el cese, pero es un hecho que este señor anunció el despido masivo. Tal vez fue un chantaje, pero ahora la empresa intenta cambiar la versión, porque es de una arrogancia terrible’’.

El hecho, explica Gómez Urrutia, es que ‘‘los mineros se inconformaron porque Frisco les ofreció la mitad del reparto de utilidades del año pasado, con el pretexto de que la empresa había invertido. Entonces, se los quitan a ellos para justificar menos reparto. Eso no les corresponde a los trabajadores. Esa es una decisión de la empresa en beneficio de la empresa. A los trabajadores no les puedes quitar su derecho legal. Ellos se inconformaron y decidieron parar actividades. De inmediato vinieron las amenazas de despido por parte de la empresa’’, dijo.

Agrega que dado que la CROC (Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos) ‘‘y La Marrana se dedicaron a cuidar los intereses empresariales, los trabajadores levantaron actas de afiliación en favor del sindicato nacional de mineros. Como represalia, Pavón y los otros mandaron a los golpeadores y el gerente general que tienen allí les ofreció 500 pesos a cada uno para que fueran a sacar a los verdaderos trabajadores, quienes estaban en paro. Atacaron con palos y hasta con armas, algunos de ellos’’, explica Gómez Urrutia.

Entonces, ‘‘quieren voltear las cosas, porque son unos cobardes y no reconocen su derrota y que La Marrana y la CROC fueron los agresores. Los trabajadores decidieron mantenerse firmes y afiliarse a nuestro sindicato, libre y voluntariamente, en un proceso democrático. Nosotros ya tenemos las cédulas de afiliación de casi 700 de los 740 trabajadores, es decir, 95 por ciento’’.

Si Frisco despide a los trabajadores, apunta el líder sindical, ‘‘su error político sería tremendo. El de los mineros es un derecho: el de libertad de asociación, que está en la Ley Federal del Trabajo, en la Constitución y en el convenio 87 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), suscrito por el gobierno mexicano desde hace más de 60 años. Es su derecho, no de las empresas ni del gobierno’’.

A la zona de la agresión entraron la Policía Federal y elementos de la Marina, dice Gómez Urrutia, ‘‘pero la excusa fue que iban a resguardar algunas sustancias peligrosas que estaban en la mina. La verdad es que fueron a rescatar a personal de confianza de la empresa que se quedó adentro. Y cuando se dio el ataque, la policía estatal se hizo a un lado porque, dijeron, ‘tenemos instrucciones de no meternos’. Es la complicidad de todos: el gobierno estatal y por supuesto, la empresa’’.

El problema no es con Slim

Ahora, tres unidades de Frisco están en huelga (Sonora, Chihuahua y Zacatecas), ‘‘pero que quede muy claro: no es algo en contra de Carlos Slim, no va por allí. Lo cierto es que la empresa prefiere sindicatos charros, corruptos, o de plano no tener ninguno y así pisotear a los trabajadores. Es insensible a las necesidades de los mineros. Eso sí, en cada una de las unidades hay denuncias de acoso sexual en contra de las trabajadoras por parte de gerentes y supervisores de confianza, que les ofrecen tiempo extra, plaza permanente y/o aumento salarial... si les hacen el favor. Hay denuncias por escrito’’, asegura.

Napoleón Gómez Urrutia hace un llamado a las secretarías de Gobernación y del Trabajo ‘‘para que intervengan y eviten más violencia en contra de los mineros en paro legítimo y legal, y que obliguen a la empresa a sentarse a negociar con respeto hacia los trabajadores, hacia el sindicato, y nosotros estamos abiertos al diálogo y la negociación’’.