os foros regionales de discusión sobre la reforma educativa –acordados la semana pasada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y la Secretaría de Gobernación– comenzaron ayer en Michoacán con un amplio rechazo de cientos de docentes a las modificaciones a los artículos 3 y 73 de la Constitución, avaladas en el contexto del Pacto por México, que en meses recientes han dado lugar al descontento de sectores magisteriales y a una preocupante tensión política, sobre todo en entidades como Guerrero, Michoacán y Oaxaca.

Asimismo, la realización de estos foros de discusión ocurre pocos días después de que un extendido movimiento magisterial y social, cuyas protestas se prolongaron durante meses, logró la anulación de pruebas estandarizadas de lectura y matemáticas en las secundarias de Seattle, con las cuales se buscaba evaluar el desempeño de estudiantes, docentes y centros escolares de esa urbe estadunidense.

La movilización de profesores, estudiantes y padres de familia de Seattle forma parte de una rebelión mucho más amplia en el vecino país en contra de reformas educativas muy similares a la que se pretende imponer en el nuestro, basadas en un enfoque tan reduccionista como improcedente de la enseñanza y la evaluación educativa; inoperantes en lo que se refiere a la erradicación de los rezagos en la enseñanza –los cuales persisten y se profundizan en todo el sistema educativo estadunidense– y que ha terminado por revelarse como una embestida en contra de la escuela pública y en favor de la creación de oportunidades de negocio para particulares. Ejemplo de ello es el reciente cierre de medio centenar de escuelas en zonas marginales de Chicago, cuyos alumnos –en su mayoría niños afroestadunidenses y de origen mexicano– serán reasignados a las llamadas escuelas chárter, beneficiarias de recursos públicos, pero administradas por manos privadas.

Ante la evidencia del descrédito que acusa el paradigma de la evaluación educativa estandarizada en su país de origen, y habida cuenta del avance en los esfuerzos magisteriales y sociales por remplazarlo, resulta incomprensible el empeño por continuar y profundizar ese mismo modelo en países como el nuestro, donde las condiciones de desigualdad social y abandono de los ciclos y planteles educativos a cargo del Estado son mucho más acentuadas que en Estados Unidos, y donde el descontento magisterial, inmerso en un entorno institucional mucho más débil y descompuesto que el de la nación norteña, puede tornarse en un factor de ingobernabilidad y explosividad social.

La realización de los foros de discusión –que comenzaron ayer en Michoacán– es, ciertamente, un cambio de matiz importante respecto de la unilateralidad con que fue impuesta la reforma educativa en el Congreso y muestra disposición de las autoridades educativas y legislativas a cuando menos escuchar los puntos de vista de la disidencia magisterial y de los sectores críticos a la reforma. Pero ello es insuficiente: es necesario también que estos espacios deriven en verdaderos ámbitos de discusión y rectificación de los errores cometidos en el reciente proceso de modificación constitucional –empezando por el despropósito de aprobar una reforma como la comentada mediante un arreglo cupular y de espaldas al magisterio–, así como de atención y análisis respecto de los nefastos resultados que han arrojado en otros países las mismas políticas que pretenden adoptarse en el nuestro.