La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados ofreció que en las leyes secundarias de la reforma constitucional en materia educativa se garantizarán los derechos del magisterio y en la evaluación se considerará el contexto pluricultural y la diversidad socioeconómica de las regiones.

La evaluación no será estandarizada, expresó el presidente de la comisión, Jorge de la Vega Membrillo (PRD), en el contexto de las consultas ciudadanas sobre la reforma.

En tanto, Salvador Martínez della Rocca, ex secretario de Educación del Distrito Federal, afirmó que la reforma –que obliga a la evaluación del magisterio para la permanencia en el trabajo– tiene como intención de fondo modificar la relación laboral de los docentes, lo cual violenta el régimen de contratación.

Dijo que si se modifica la relación laboral de los maestros, la carrera magisterial y las plazas no dependerán de lo establecido en la contratación que determinó el gobierno con el sindicato.

De esta manera, agregó el ex diputado federal, se delinea un pervertido servicio profesional de carrera de los trabajadores al servicio del Estado, que ha servido más para forzar la permanencia de la alta burocracia que para la adecuada selección de profesionales.

De la Vega Membrillo explicó que la evaluación deberá considerar el entorno inmediato del docente, ubicación de la escuela, condiciones de los alumnos y equipamiento y materiales del plantel. Y lo que es determinante, el carácter público y gratuito de la educación, que no está en tela de juicio.

En entrevista, señaló que el próximo lunes la comisión recibirá a una representación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el 20 de junio al secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Juan Díaz.

Durante el foro, el perredista sostuvo que la ley secundaria deberá prever el financiamiento para la aplicación de la reforma y que la Cámara de Diputados garantice un porcentaje significativo en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014.

El rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Eliseo Guajardo Ramos, planteó que el Legislativo debe garantizar que en la ley secundaria se defina que la actualización y profesionalización de los maestros sea gratuita, incluyente, pública y nacional.

Refirió que en caso de incluirse la obligatoriedad de la licenciatura para evaluar a los profesores, se incluya un artículo transitorio para permitir que los maestros estén en condiciones alcanzar ese nivel y equiparar su experiencia profesional con aquél.