e nueva cuenta se escucha el canto de las sirenas en materia eléctrica: la propuesta de reforma energética del gobierno federal busca que las familias paguen menos por su recibo de luz, es decir, lo mismo que se reforma tras reforma y modernización tras modernización se ha prometido desde 1992, cuando menos, año en el que Carlos Salinas de Gortari modificó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para que el capital privado le clavara los colmillos a este sector originalmente reservado al Estado.

A la vuelta de dos décadas, los mexicanos nunca habían pagado tanto como hoy, aunque sin duda menos que mañana. Los cada día más abultados recibos de luz –en realidad, por consumo de energía eléctrica– han impactado los bolsillos de millones de mexicanos, quienes se niegan a vivir con luz de vela y no cejan en su empeño de que alguien, algún día, tenga la cortesía de escucharlos con el fin de frenar el asalto bimestral de que son víctimas.

El reiterado canto de las sirenas eléctricas proviene del micrófono del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien aseguró que la reforma energética es de las que tienen mayor potencial de detonar el crecimiento y generar riqueza para México. Esos cambios serán exitosos si logran el propósito fundamental que es asegurar energía suficiente y a bajo costo para el aparato productivo, en especial para las pequeñas y medianas empresas. Para eso queremos una reforma energética, para que las familias paguen menos por su recibo de luz. Pero eso no es por decreto, sino a partir de generar condiciones económicas para que esto sea sostenible (La Jornada, Roberto González Amador).

Bien por la repetitiva justificación, pero la misma promesa la hizo Carlos Salinas de Gortari en 1992 para amortiguar el efecto político de la entrada del capital privado al sector eléctrico. De igual forma, eso se ofreció cuando Ernesto Zedillo fue más allá con sus reformas de 1997 y 1999, y lo propio hizo la carismática y resultona dupla panista (Fox y Calderón) que hicieron lo propio en 2002 (con las tarifas), 2011 y 2012.

Para redondear su discurso privatizador, Luis Videgaray consideró que en México es necesario ser prácticos, quitarnos ataduras ideológicas del pasado y hacer los cambios que el país tiene que hacer. Lamentablemente, tampoco con este fraseo el titular de Hacienda aporta nada nuevo, porque el pragmatismo por él promovido ya se llevó a la práctica con, por ejemplo, el sistema financiero que opera en el país. El propio Salinas de Gortari decidió quitar ataduras ideológicas del pasado y reprivatizó la banca, porque, decía, era necesario democratizar el capital, la cual devino en espeluznante concentración, pésimo servicio, tasas de interés de agio, comisionitis, especulación con recursos de los ahorradores, nula contribución al crecimiento y desarrollo del país, entre tantas otras gracias, sin olvidar el generoso rescate con fondos públicos.

Y también está el caso privatizador de las carreteras, las aerolíneas, los ingenios azucareros, las telecomunicaciones, los ferrocarriles, la minería y muchas más, que sólo sirvieron para que los amigos de los amigos se hincharan de dinero a costillas de los mexicanos. Entonces, si ese es el tipo de ataduras ideológicas que hay que quitar en materia eléctrica –y/o petrolera–, pues simplemente no, gracias.

El manoseo modernizador de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica comenzó, tímidamente, con Miguel de la Madrid (con reformas en 1983 y 1986), y con el acelerador a fondo en tiempos de Carlos Salinas de Gortari (1989, 1992 y 1993), Ernesto Zedillo (1997 y 1999) y Felipe Calderón (2011 y 2012). Así, el capital privado se metió hasta la cocina, al grado que la Comisión Federal de Electricidad paulatinamente se hace a un lado para que los particulares incrementen su participación en la generación eléctrica, con el consecuente incremento en los costos de producción y ganancia de las trasnacionales involucradas, algo que sin duda se refleja, ¡y de qué forma!, en los recibos de luz que supuestamente se adelgazarían con la nueva etapa modernizadora.

Todos ellos prometieron a los mexicanos que pagarían menos por el servicio eléctrico, pero a la vuelta de la historia inmediata nunca como ahora han tenido tarifas tan elevadas y recibos de luz tan gruesos, lo que ha provocado miles y miles de quejas de los usuarios, sin resultado alguno. Cada bimestre que pasa, simple y sencillamente se paga más.

En su artículo primero la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica establece que corresponde exclusivamente a la nación, generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público, en los términos del artículo 27 constitucional. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará, a través de la Comisión Federal de Electricidad, los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines. Y en el segundo queda claro que todos los actos relacionados con el servicio público de energía eléctrica son de orden público.

Hasta allí todo bien, pero la magia modernizadora del salinato y gobiernos posteriores quedó plasmada en el artículo tercero de la propia ley: no se considera servicio público la generación de energía eléctrica para autoabasto, cogeneración o pequeña producción; la generación de energía eléctrica que realicen los productores independientes para su venta a la Comisión Federal de Electricidad; la generación de energía eléctrica para su exportación, derivada de cogeneración, producción independiente y pequeña producción; la importación de energía eléctrica por parte de personas físicas o morales, destinada exclusivamente al abasto para usos propios y la generación de energía eléctrica destinada a uso en emergencias derivadas de interrupciones en el servicio público de energía eléctrica.

Y con ese simple deslinde, al capital privado le abrieron las puertas de par en par con el fin, según dijeron, de abaratar el recibo de luz, es decir, lo mismo que prometen dos décadas después. Entonces, ¿quieren que se lo cuente otra vez?

Las rebanadas del pastel

Habrá que ver hasta dónde topa el intento del gobierno federal de gravar con ISR la venta de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores, la cual permanece exenta hasta ahora. El trompo que se echará el titular del SAT, Aristóteles Núñez Sánchez, es de pronóstico reservado, pero si logra avanzar, aquello de la equidad fiscal por fin comenzaría a tomar forma, aunque la generosa exención a Televisa lo desmienta.

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