Acapulco, Gro., 28 de mayo.

El ex secretario de Seguridad Pública de Guerrero Ramón Almonte Borja aseguró: no tengo nada de qué avergonzarme, al comparecer este martes ante diputados de la Comisión Instructora del Congreso local, en un hotel de Acapulco, donde habló sobre su participación en el desalojo de la Autopista del Sol en Chilpancingo, el 12 de diciembre de 2011, en el que fallecieron un trabajador de una gasolinera y dos estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayozinapa.

El ex funcionario relató que 27 agentes de la policía estatal antimotines llegaron al lugar de los hechos a las 12:20 horas. Explicó que la gasolinera ya estaba incendiada y el enfrentamiento entre la policía federal y los manifestantes tenía varios minutos de haberse desatado.

Destacó que la necropsia señala que los muchachos fueron muertos con balas de armas G3, y que las armas de la policía estatal son rifles R-15, no G3.

Agregó que también se presentó en el sitio del conflicto la escolta de subsecretario operativo de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Ramón Arreola Ibarría, a quien autorizó acudir a la Autopista del Sol a solicitud del comisario de la Policía Federal, de acuerdo con los protocolos de intervención.

Exige desfragmentar un video para sacar conclusiones

Almonte Borja pidió desfragmentar un video propiedad del Centro de Cómputo, Control y Comando (C4) de Chilpancingo, para sacar las conclusiones pertinentes.

Asimismo, aseguró que la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (que pidió se le someta a juicio político) frente a mí y frente a otros es totalmente ilegal.

Aclaró que su única intervención en los hechos fue autorizar a Arreola Ibarría la presencia de policías estatales.

Sostuvo que la policía estatal cumplió los protocolos: los antimotines acudieron sin armas, excepto la escolta del subsecretario, y el armamento fue sometido a pruebas periciales.

Almonte Borja señaló que la comparecencia ante legisladores no era necesaria jurídicamente, aunque sí políticamente. Agregó que presentó su renuncia el 13 de diciembre de 2011 para facilitar que se realizará la investigación, pues si hubiese solicitado licencia habría sido una simulación.

Advirtió: no es mi intención regresar al cargo que tenía ni a ninguno de otra naturaleza, mi ciclo terminó para este gobierno el 13 de diciembre de 2011.

Sostuvo que el juicio político interpuesto en su contra por la CNDH no tiene razón de ser.

Consideró que una CNDH no puede pedir juicio político; si no se conoce la ley, no puede defender los derechos humanos. ¿De qué me van a enjuiciar?, ¿de qué me defiendo? En las 11 hojas de la denuncia de juicio político no se me acusa de nada, no hay nada que se me impute. Si me inhabilitan, no me quitan la solidaridad de los guerrerenses, que saben que soy inocente.