Un tribunal federal desechó ayer en definitiva el juicio de amparo por el cual se impugnó la solicitud del gobierno mexicano para otorgar inmunidad al ex presidente Ernesto Zedillo, en la demanda que enfrenta en Estados Unidos por 50 millones de dólares, relacionada con la matanza de Acteal, Chiapas.

De acuerdo con informes del Poder Judicial Federal (PJF), el primer tribunal colegiado en materia administrativa revocó la sentencia dictada en marzo pasado por un juez de distrito, quien resolvió que la embajada de México en Estados Unidos actuó de manera ilegal cuando envió una nota diplomática al Departamento de Estado estadunidense, en la cual solicitó el reconocimiento de la inmunidad diplomática de un ex presidente de la República ante demandas de este tipo.

El argumento de los tres magistrados fue que el amparo solicitado es improcedente, porque la nota diplomática no afectó el interés jurídico de los demandantes –parientes de víctimas de la matanza de 47 indígenas perpetrada en 1997 en Acteal–, ya que no fue con base en dicha nota que el gobierno de Estados Unidos solicitó a una corte federal de Connecticut la inmunidad para Zedillo en su carácter de ex jefe de Estado.

El mismo tribunal refirió que no puede interferir en actos que competen directamente a la jurisdicción de los tribunales de Estados Unidos, ya que la decisión de conceder la inmunidad es un acto soberano de las autoridades de ese país, en el que el PJF de México no tiene competencia.

Es claro que el Departamento de Estado de Estados Unidos determinó que el tercero perjudicado (Ernesto Zedillo) goza de inmunidad en el juicio, y expuso las razones para considerar procedente su otorgamiento, de tal suerte que fue mediante ese acto, y no la nota diplomática reclamada, que se otorgó inmunidad al ex presidente, añadió el colegiado.

Los abogados de los quejosos habían solicitado al tribunal colegiado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerciera su facultad de atracción, pero los magistrados que integran dicho órgano rechazaron esa posibilidad.

Según los abogados de Zedillo consultados por este diario, en los próximos días presentarán una copia y la traducción de la sentencia del tribunal colegiado –que ayer canceló el amparo a los familiares de las víctimas de Acteal–, lo que debilitará sensiblemente el caso de los demandantes, pues los tribunales de Estados Unidos siempre se pliegan a la posición del Poder Ejecutivo en materia de inmunidad.

El 16 de septiembre de 2011, por conducto del despacho de abogados Rafferty Kobert Tenenholtz Bounds & Hess, sobrevivientes de Acteal presentaron de manera anónima ante tribunales estadunidenses una demanda civil por 50 millones de dólares contra Zedillo, por los daños ocasionados durante la matanza, en la que murieron 45 personas.

Según la demanda, presentada ante una corte federal de Connecticut, Zedillo es responsable de crímenes de lesa humanidad, pues durante su gestión las fuerzas de seguridad mexicanas apoyaron a los grupos paramilitares que perpetraron el multihomicidio.