Chilpancingo, Gro., 28 de junio.

La Coordinadora de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) informó que los hermanos Bruno y Cirino Plácido Valerio, dirigentes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), fueron expulsados del organismo por ‘‘dividir a la CRAC’’, dio a conocer Gonzalo Molina González, uno de los voceros, durante una conferencia en la casa de justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres.

Molina González explicó que durante una asamblea realizada en San Luis Acatlán, el domingo pasado, se acordó la expulsión de los dos promotores del sistema de seguridad ciudadano, así como la de los comandantes Paula Silvia Florentino y Miguel Morán Melitón, cercanos al gobernador Ángel Aguirre, por promover la división.

Agregó que el comandante de la CRAC, Rey Pastrana, de la comunidad de Tonalá, perteneciente a la casa de El Paraíso, fue expulsado por tomar decisiones solo, además de que no informó en qué invirtió un recurso que se le entregó; él y su gente se fueron a la Upoeg, por eso se le destituyó el sábado’’, precisó.

A su vez, Cirino Plácido Valerio responsabilizó al gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien ‘‘operó’’ su salida a través de Óscar Chávez Rendón, subsecretario de Coordinación, Enlace y Atención de Organizaciones Sociales.

Aseguró que la CRAC no los puede destituir: ‘‘No somos sus trabajadores, por eso pugnamos por retomar las propuestas del sistema comunitario el próximo 2 de junio en la comisaría ejidal de San Luis Acatlán, para reconstruir la asamblea regional como el máximo órgano en la toma de decisiones colectivas’’.

Acusó que detrás de su expulsión también están el ex rector de la Universidad Intercultural, Rafael Aréstegui Ruiz; el ex asesor jurídico de la CRAC, Valentín Hernández; el diputado local Jesús Marcial, y el ex coordinador de la policía comunitaria, Pablo Guzmán, ‘‘quien responde a las órdenes de su compadre Óscar Chávez, actual funcionario del gobierno estatal’’.

Rechazan al Ejército

Por separado, la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular (CGSJ-PCP) denunció en un comunicado que desde el pasado 26 de mayo elementos del Ejército se instalaron en su territorio ‘‘sin la autorización de nuestros pueblos ni consentimiento de las comunidades indígenas, para continuar con su política de intimidación, hostigamiento y represión hacia quienes nos hemos organizado bajo el principio de vida de la soberanía popular, formando nuestra policía ciudadana y popular como una forma de autoprotección de las múltiples formas de inseguridad y violencia’’.

En el documento exigieron a los gobiernos de Guerrero y al federal que retire inmediatamente a las tropas porque ‘‘no necesitamos de sus servicios. Aquí nosotros nos cuidamos y autoprotegemos’’.

Explican que los soldados intentaron instalar un retén en la carretera que va de Temalacatzingo a San Antonio Coyohuacán; además estacionaron vehículos oficiales frente a domicilios de integrantes del CGSJ-PCP.

Finalmente, la agrupación destacó que ‘‘con estas acciones una vez más se muestra que la política del gobierno es de represión, violencia y hostigamiento contra los pueblos indígenas. Así lo estamos viviendo nosotros, los nahuas de la Montaña de Guerrero. Nos hostigan sólo porque nos hemos organizado, porque nos autoprotegemos’’.