En la gran mayoría de los casos de desaparición forzada y ejecución extrajudicial que ocurren en el país el Estado es responsable de las agresiones, ya sea porque participa de forma directa o porque es omiso ante su deber de investigar y aprehender a los criminales.

Así lo indicaron los participantes en la preaudiencia ‘‘De-sapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en México. Una política permanente del Estado’’, que el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) Capítulo México realizó lunes y martes para analizar de qué forma ocurren estos crímenes.

‘‘El patrón es la impunidad y que las violaciones de derechos humanos son cometidas por el Estado, al menos por omisión. No necesariamente está comprobada la participación directa o la aquiescencia de funcionarios, pero queda muy clara esta línea de omisiones cuando su deber es proteger a las víctimas y a sus familias’’, señaló Antonio Cerezo, del Comité Cerezo México.

Además de subrayar la responsabilidad de los servidores públicos en buena parte de estos crímenes, el activista señaló que el objetivo de las preaudiencias es fomentar entre las organizaciones de la sociedad civil la cultura de la documentación, pues muchos casos ‘‘se pierden’’ por falta de dicha práctica.

En la sesión de ayer –inaugurada por el rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Enrique Dussel–, uno de los temas expuestos fue el de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, militantes del Ejército Popular Revolucionario desaparecidos desde el 25 de mayo de 2007.

También se analizaron los casos de desaparición y ejecución extrajudicial cometidos contra Minerva Pérez Torres y Rogelio Jiménez López, respectivamente, como un ejemplo del patrón de ataques realizados por grupos paramilitares en Chiapas, con el aval y el financiamiento de los gobernadores de la entidad.

Antonio Vázquez Gómez, integrante del colectivo Las Abejas, presentó un resumen de la matanza de Acteal, y apuntó que los hechos fueron presentados por las autoridades como un conflicto religioso o intercomunitario, cuando formaba parte de un esquema contrainsurgente de la Defensa Nacional.