Aproximadamente mil integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se manifestaron por segundo día consecutivo frente a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) con la finalidad de exigir la liberación inmediata de dos profesores y dos activistas detenidos por su presunta participación en el secuestro de los sobrinos del presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Oaxaca, Juan José Álvarez Candiani.

Luego que la Procuraduría General de la República (PGR) ejerció acción penal contra 13 presunto implicados, entre ellos los maestros Lauro Atilano Grijalva Villalobos y Mario Olivera Osorio –este último identificado por el magisterio disidente como funcionario del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca–, integrantes de la dirigencia de la sección 22 del SNTE anunciaron la intensificación de las acciones de protesta en aquel estado y en el Distrito Federal.

Laurentino Villegas, integrante de la dirección política de la sección 22, afirmó que no se trata de delincuentes, sino de presos políticos, a quienes se pretende imputar un delito grave que aliente una nueva campaña de linchamiento contra el magisterio disidente.

Por la mañana, el contingente, integrado en su mayoría por profesores de la sección 22, marchó del Zócalo capitalino a la Seido, en la esquina de Paseo de la Reforma y Violeta, donde realizaron un cerco a las instalaciones para exigir que el gobierno federal informe sobre el proceso que se sigue a nuestros compañeros y se deslinden responsabilidades, pues hay indicios de que fueron detenidos durante más de 20 horas sin ser presentados ante jueces competentes.

Maestros oaxaqueños de las regiones Valles Centrales, Istmo, Cañada y sector periferia permanecieron más de tres horas frente a los accesos de la dependencia federal en espera de que se liberara a sus compañeros. Después de colocar mantas y carteles en las rejas de la subprocuraduría, en las que exigían la cancelación de la reforma educativa y no privatizar la educación pública, demandaron que el proceso legal contra los profesores se apegue a derecho y se garantice la presunción de inocencia.

Villegas señaló que la demanda de la CNTE es la libertad inmediata de nuestros compañeros, y esto incluye que se libere también a los activistas Damián Gallardo Martínez y Sara Altamirano Ramos, porque es evidente que detrás de esta acusación hay un interés político.