staban preparados para negociar directamente con el gobierno de Peña Nieto, como lo hicieron otros panistas con Salinas y Zedillo, pero no contaban con el acuerdo partidista tripartito que a ellos, el grupo de senadores calderonistas, los deja en segundo plano frente al activismo del presidente de su propio partido, cuya pugna con Calderón viene de lejos, avivada por la derrota de 2012.

Es evidente que el PAN sigue hundido en la crisis derivada de la pérdida de gobierno. No ha hecho un examen objetivo de su lamentable actuación electoral (tampoco la izquierda, para ser francos), que exhibió su enorme fragilidad en la campaña, la pérdida de sentido de la realidad que lo condujo a su aislamiento actual, pero tampoco se ha detenido a reflexionar sobre su actuación durante los dos últimos sexenios. El PAN no supo encabezar el cambio de fondo del régimen político que los avances democráticos exigían. Perdió la oportunidad. Luego, a partir de 2006, trató de destruir a su contrincante por todos los medios y prefirió administrar la decadencia institucional, fortaleciendo desde el Ejecutivo a los grupos de poder dominantes, como si esa fuera la exigencia de un país que a todos los males previos sumaba la oleada de violencia criminal multiplicada por la guerra emprendida para combatirla.

En busca de la legitimidad perdida, el presidente optó por gobernar con los leales, identificados mayormente con sus amigos, algunos de ellos instalados hoy en el corazón del grupo parlamentario del Senado, nacido con vocación de ser el núcleo hegemónico del PAN en detrimento de los viejos cuadros que el calderonismo hizo a un lado. El presidente hizo caso omiso de la pluralidad real y se encerró en Los Pinos. Pero el fracaso electoral del PAN da cuenta de una carencia mayor: la de un proyecto nacional creíble, capaz de fijar objetivos generales al conjunto de los mexicanos. La suma de todas sus propuestas no es el programa, la anticipación racional, coherente, de las aspiraciones populares, sino, como ya se ha visto, una suerte de colección aleatoria de innumerables demandas que en conjunto, caso de resolverse favorablemente, tampoco favorecerían la sustitución de los actuales paradigmas.

Sorprende que ahora, a raíz de las disputas por el Pacto por México, los disidentes encabezados por el senador Cordero digan que a través de ese acuerdo el presidente de su partido pretende hacer del PAN un satélite del PRI, cuando la historia comprueba que en las cuestiones fundamentales las diferencias de los panistas con sus adversarios, si bien existen, éstas no se refieren al modelo económico ni a sus paradigmas doctrinarios. Por el contrario, el PAN aspira a ser el más ortodoxo de sus intérpretes contra los resabios populistas que aún persisten en las filas del PRI, a pesar de las últimas reformas que ahora sí le dan carta verde a las políticas privatizadoras que Peña Nieto tiene en mente. El ex secretario de Hacienda que hoy pide el regreso a la actitud opositora, al igual que el ex secretario del Trabajo con Calderón, no se hicieron célebres por contradecir a los intereses dominantes sino por todo lo contrario. Y quien tenga dudas que vaya a la hemeroteca a ver qué decían Cordero y Lozano sobre la reforma fiscal o la reforma laboral. O qué piensan acerca de Pemex.

Parece iluso tratar de enfrentar al gobierno actual con el expediente de los logros del calderonismo, como piden los jefes de los senadores inconformes. Sin embargo, Cordero estuvo en la cima mientras tundía en público al jefe de su partido, aprovechando la circunstancia de que muchos ven el Pacto por México como un acuerdo que se pone por encima de las instituciones, especialmente del Congreso. La idea de que se trata de un compromiso que le sirve más al Presidente (que exigía una mayoría para garantizar la eficacia) se refuerza por la carencia de una definición explícita de la relaciones con las cámaras, pero también con otros poderes (y partidos) y, desde luego, sobre las formas de consulta que serían obligadas para que las grandes decisiones no se quedaran en la obra excluyente de un reducido grupo de líderes partidistas. Por eso, Cordero tiene eco cuando dice que el hecho de apoyar reformas y leyes que se han negociado con el Ejecutivo y su partido no significa que el Partido Acción Nacional deba abandonar su papel de crítica al gobierno. Nada “obliga al PAN a renunciar a las ideas o principios que enarbola nuestro instituto político o a asumirse como aliado incondicional y acrítico del Ejecutivo… No es hora de bajar la guardia. No es hora de darle un cheque en blanco al gobierno”. Estas declaraciones han hecho temer que los días del pacto están contados, pero eso significaría aquí y ahora la escisión del panismo, lo cual es difícil que ocurra en este momento por cuanto que, en rigor, no hay materia para tanto. Probablemente, la Presidencia y el mismo pacto tendrán que abrir nuevos canales para asegurarse la eficacia, asegurando que estén los interlocutores adecuados. El affaire del cese, coronado por el nombramiento de un personaje menor, anuncia así que el debate que viene –sobre todo las leyes reglamentarias de educación y telecomunicaciones, por no hablar de la reforma electoral– sacará chispas. Si quiere sobrevivir, el pacto tendrá que ajustarse al hecho de que el PAN no es una fuerza homogénea, pues en su seno compiten intereses diferentes, no sólo visiones contrapuestas sobre la coyuntura y las tácticas.

Por lo pronto, el partido que se reclama como el padre de la democracia ha dado una increíble muestra de su proverbial elitismo autoritario, inscrito a fuego en las disposiciones estatutarias que hacen del jefe del partido el único responsable de nombrar y cesar al líder del grupo parlamentario. Los disidentes pueden ir o no a una reunión, crearle el vacío a su jefe nacional, pero saben que el PAN es un partido en el que los legisladores dependen de lo que ordene el comité ejecutivo a través de su presidente. Suena poco democrático: lo es. ¿Y la ciudadanía?