En una década el financiamiento para el campo se desplomó por lo que ahora 70 por ciento de los 5 millones de campesinos del país no tienen acceso al crédito y algunos de ellos han recurrido a rentar su tierra, por lo que actualmente 42 por ciento de las parcelas más productivas no son cultivadas por sus propietarios, destacó Cruz Alberto Uc Hernández, investigador de la Universidad Autónoma de Campeche.

Agregó que los pequeños productores están fuera de los servicios que prestan de Financiera Rural (Finrural), Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (Focir), Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad (Fonaes), Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bancefi) y otros organismos. Dichas instituciones argumentan que los campesinos: no tienen cómo amparar o garantizar los créditos que solicitan, tienden a no cumplir con sus obligaciones crediticias, el riesgo moral es muy elevado, ponen en riesgo la recuperación y a las instituciones por la baja calidad de sus operaciones, abundó.

Refirió que en 2003, 16 de cada 100 unidades de producción agropecuaria accedían al financiamiento, ahora sólo lo obtienen cuatro; los desequilibrios regionales se han acentuado ya que sólo 20 por ciento del capital del crédito formal se ejerce en la región sur sureste, donde está el mayor rezago productivo. Posiblemente porque el crédito formal al sector no representa ni 2 por ciento del total nacional.

Uc Hernández comentó que los productores de bajos ingresos no acceden al crédito formal por el bajo nivel de competitividad de sus unidades productivas –en promedio son de dos a cinco hectáreas–, bajo nivel tecnológico, escasa capacidad administrativa, escasa innovación, falta de infraestructura de riego y hasta por carecer de caminos de acceso a sus parcelas.

La mayoría de los campesinos nunca tendrán acceso al financiamiento mientras no haya un cambio en los lineamientos generales de política, mandato y objetivos de las instituciones de fomento para el sector rural, las cuales exigen criterios de eficiencia y rentabilidad por encima de los criterios de desarrollo.

Se tiene que definir un nuevo modelo económico que, sin restar importancia al mercado, permita al gobierno intervenir en donde el mercado es ineficiente. señaló.