Organizaciones sociales, autoridades municipales, comisarios, estudiantes y maestros conformaron en el municipio de Tlapa 11 delegaciones del Movimiento Popular de Guerrero (MPG) para igual número de demarcaciones de la región Montaña Alta de la entidad, y acordaron respaldar el paro-plantón iniciado desde el pasado 25 de febrero en contra de la reforma educativa.

Las delegaciones que apoyarán la lucha del magisterio por medio del MPG operarán en los municipios de Malinaltepec, Metlatónoc, Cochoapa El Grande, Tlapa, Xalpatláhuac, Huamuxtitlán, Alcozauca, Atlamajaltcingo del Monte, entre otros. Durante la organización de las delegaciones, realizada la noche del domingo, se exigió al ayuntamiento de Tlapa que desista de rifar cuatro automóviles en el contexto del Día del Maestro el próximo miércoles, y en cambio se propuso que los recursos se inviertan en mejorar las escuelas y en las necesidades de las comunidades, porque es un gasto oneroso al cual el pueblo aporta con el pago de sus impuestos.

Además se informó que el próximo jueves, luego de la gran marcha que se efectuará el miércoles por el Día del Maestro en Chilpancingo, se llevará a cabo una asamblea estatal que definirá las estrategias para incorporarse al movimiento nacional convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). El MPG indicó que se propone que de inicio se traslade a la ciudad de México un contingente de 800 maestros.

Pretenden contratar esquiroles

El MPG afirmó que los directivos en cuatro escuelas, presionados por autoridades municipales, pretenden contratar maestros esquiroles que ocupen los lugares de los titulares, ausentes por sus protestas.

Sin ofrecer detalles, dijo que uno de los planteles se halla en la región Montaña Alta; otros en el poblado Nancintla, municipio de Chilapa, al cual se negó el ingreso a siete maestros y su directora, azuzados por el diputado perredista Bernardo Jiménez Otega; y otras dos escuelas, una primaria y un jardín de niños, en el municipio de Heliodoro Castillo (Tlacotepec), donde los cambios de personal son constantes, debido a la violencia que impera en el lugar.

En tanto, Rigoberto Payán Mejía, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Chilpancingo, aseguró que autoridades de la Policía Federal (PF) se negaron a pagar poco más de 3 millones de pesos por concepto de hospedaje de más de mil elementos por 33 días de estancia durante el conflicto magisterial.

Recordó que los uniformados llegaron a Chilpancingo el pasado 3 de abril y se instalaron en ocho hoteles de la ciudad. El primer día sí pagaron el hospedaje, pero desde esa fecha se han negado a pagar, dijo. Los policías federales se retiraron el 6 de mayo anterior.

Mientras, el titular de la Secretaría de Educación de Chiapas, Ricardo Aguilar Gordillo, afirmó en San Cristóbal de Las Casas que el paro de labores programado por el bloque democrático de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para el próximo 15 de mayo no tiene razón de ser.

El funcionario indicó que las demandas de la sección 7 sobre la reforma educativa quedaron superadas con el acuerdo firmado en la Secretaría de Gobernación el 8 de mayo por la CNTE, en el que se firmó el compromiso del gobierno federal de enviar a las instancias legales correspondientes sus propuestas sobre el tema.

En entrevista, sostuvo que el gobierno estatal está dispuesto a cumplir una minuta que el bloque democrático rechazó en días pasados sobre demandas locales, como la intervención del gobierno de Chiapas ante el SNTE para que se expida la convocatoria para celebrar un congreso seccional, la revisión de una decena de expedientes penales, temas laborales, de la caja de ahorro y otros de compromiso del gobierno de Chiapas con la educación, con padres de familia y alumnos.

Asimismo, dijo que el gobierno estatal ha descontado alrededor de 5 millones de pesos a los integrantes del bloque democrático como resultado de que suspendieron labores en semanas anteriores.

Profesores de siete organizaciones integradas a la Coalición de Sindicatos Magisteriales del Estado de Veracruz realizaron en Jalapa plantones desde las 6 horas de este lunes en instalaciones de supervisiones escolares, oficinas centrales de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), la Dirección General de Telebachillerato, la Dirección Jurídica de la SEV y la Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Rébsamen.

Durante la protesta Enrique Cruz Canseco, Ricardo Diz Herlindo, Héctor Ramírez Cahue y Juan Pérez, secretarios generales de los sindicatos Democrático de Trabajadores de la Educación de Veracruz, Unificador de Trabajadores al Servicio del Estado y Magisterio, Estatal de Trabajadores del Magisterio de Veracruz e Independiente de Trabajadores de la Educación de México, respectivamente, exigieron la entrega de 3 mil 850 millones de pesos que el gobierno del Estado adeuda al Instituto de Pensiones del Estado (IPE).

De igual manera, exigieron el pago de 160 millones de pesos al seguro social de los trabajadores, y que se aplique una auditoría externa al IPE, por el evidente quebranto a su patrimonio y el incumplimiento de prestaciones que dan razón de ser a esta institución.

Además, pidieron el depósito de cuotas sindicales en tiempo y forma, así como el pago de primas de seguro de vidas y personales. Los maestros igualmente pidieron el pago de aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro y el debido reporte individual, que desde 2009 han dejado de otorgarlo.

Ante los reclamos el secretario de Educación, Adolfo Mota Hernández, atendió personalmente a los trabajadores para impedir que las actividades en la SEV se paralizaran y se afectaran trámites realizados en la dependencia.