a sentencia de 80 años de prisión dictada el viernes en Guatemala por un tribunal de mayor riesgo en contra de Efraín Ríos Montt, uno de los gobernantes más sanguinarios en el ciclo de dictaduras militares que padeció esa nación vecina en el siglo pasado, es sin duda histórica y así fue calificada en este espacio.
Ayer, mientras el fallo seguía sumando reconocimientos en el mundo –destacan los de la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Navi Pillay, y de Amnistía Internacional, la cual lo calificó de ejemplo para Latinoamérica–, el tribunal profundizó y extendió la trascendencia de su propia resolución. En este sentido, ordenó al Estado guatemalteco que ofrezca, por medio de sus más altos funcionarios, una disculpa al pueblo ixil, principal objetivo del genocidio puesto en práctica por el régimen militar en tiempos de Ríos Montt; que se erija un monumento a las víctimas de la represión, y que se lleve a cabo una ceremonia en los municipios en los que se localizaban las comunidades que sufrieron las atrocidades expuestas durante el juicio. Asimismo, el gobierno deberá construir un centro cultural en la región ixil de El Quiché, a fin de contribuir al rescate de la memoria histórica y la identidad cultural de la etnia agraviada; el Ejecutivo incluirá la figura del genocidio y de los delitos contra la humanidad en el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR), a fin de que los sobrevivientes de las masacres puedan tener acceso a los beneficios.
Otros ordenamientos del tribunal son: que el gobierno presente una iniciativa de ley para proclamar el 23 de marzo (fecha del golpe de Estado que entronizó a Ríos Montt) como Día Nacional contra el Genocidio; que incluya en los programas educativos temas de derechos humanos y derecho internacional humanitario, y que lleve a cabo un programa de difusión de la sentencia comentada en los medios informativos.
Aunque los magistrados dejaron en claro que la condena emitida el viernes no es en contra del Estado, sino contra un individuo que lo encabezó, debe garantizarse el cumplimiento de los mecanismos adecuados de reparación del daño.
Más allá de las delimitaciones legales de la sentencia, ésta ha adquirido una evidente carga simbólica en la que el ex dictador representa al régimen militar impuesto por la Casa Blanca en 1954 y que durante las siguientes cuatro décadas, con fachadas democráticas o no, con elecciones o por medio de golpes de Estado, con el concurso furtivo o abierto de los círculos del poder en Washington, implantó en Guatemala un régimen oligárquico, racista y genocida.
El tribunal ha llegado hasta donde podía en su tarea de impartir justicia. Corresponde ahora a la sociedad guatemalteca defender ese fallo histórico y contener la furia que la sentencia ha desatado entre los propietarios del país, que siguen siendo, en buena medida, oligarcas de la vieja estirpe y militares y políticos enriquecidos en el servicio público. Porque todo mundo sabe que han sufrido una derrota jurídica sin precedente, por más que la sentencia contra Ríos Montt sea la culminación de un proceso legal en contra de un solo individuo.
