CH. Como era previsible el inicio del diálogo entre alumnos del plantel Naucalpan y las autoridades de la UNAM, no pudo tener lugar. Los 14 jóvenes encapuchados que no mostraron su identidad al resto de los universitarios, ni a la sociedad en general, mantuvieron allanadas las oficinas de la rectoría durante 12 días y, como ahora sabemos, cometieron destrozos, robaron, invadieron las oficinas del rector y las registraron. Y no sabemos quiénes fueron. Incógnitos cometieron esos delitos, e incógnitos permanecen.

Al abandonar las instalaciones dijeron que su lucha, no era por los cinco ahora ex estudiantes que fueron expulsados de la UNAM por la violencia que de­sataron contra trabajadores del plantel Naucalpan, sino en defensa de la educación pública y gratuita. También justificaron sus actos repudiables diciendo que tenían que ver más con la reforma a los planes de estudios de los Colegios de Ciencias y Humanidades.

Los incógnitos aceptaron abandonar su allanamiento a cambio del ofrecimiento que les hizo el rector Narro, de sentarse a la mesa, con plena identificación y con información suficiente, para el 9 de mayo.

Desde luego, no fue posible ni formular una agenda entre las partes. La información que estos estudiantes deben aportar es, por supuesto, entre otras, los elementos que demuestren que el CCH está en vías de dejar de ser público y gratuito; y, objetiva y concretamente, los contenidos o métodos con los que no están de acuerdo respecto de la reforma del plan de estudios. ¿Van a presentar estos elementos en algún momento?; es, por lo menos, extremadamente dudoso.

Es inquietante: ¿qué buscaban en la oficina del rector?

La UNAM ha sido objeto de estos ataques violentos docenas de veces, y sospecho que somos miles de universitarios los que nos preguntamos ¿de parte de quién? En otros términos, los incógnitos no son ningunos paladines en defensa de lo que su discurso expresa, sino enviados por personajes, esos sí que verdaderamente interesados en golpear y desprestigiar a la universidad pública. ¿Dónde está el Estado?, ¿no existe algún área del mismo que esté enterada de quienes manejan los hilos de las marionetas? Si no existe, de veras tenemos que preocuparnos. Porque la ausencia del Estado la vemos todos los días en mil lugares sociales y/o espaciales. Peor aún: ¿son infiltrados en las estructuras estatales?

Los incógnitos se fueron porque no se incendió la pradera, como quizá lo esperaban ellos o sus jefes. Creo necesario que en la UNAM se dé un proceso de expansión y profundización de la cultura de la legalidad, de tal modo que las autoridades universitarias puedan actuar con base en las leyes de la República, y no que se vean obstaculizadas por los muchos universitarios que, incluso de buena fe, defienden a esos muchachos que pueden pisotear las leyes y la institución.

Por ahora no podemos esperar que desde los poderes del Estado o desde los partidos políticos, emerja una amplia y permanente pedagogía para la creación de una cultura de la legalidad. Quizá pueda intentarse algo desde la UNAM.

2. El enredo educativo. Más allá de las intenciones de sus autores, era indispensable empezar a poner orden en ese cáncer inenarrable en que tenían hundida a la educación básica los sucesivos caciques que medraron con los instrumentos del sindicato. La señora Gordillo había convertido al SNTE en el retrete de la peor cantina. En un país con altísimos niveles de corrupción, esa señora portaba uno de los mayores blasones de tan alta virtud.

El gobierno cometió un error al llamar reforma educativa a las reformas a los artículos 3 y 73 constitucionales. Esas reformas están muy lejos de ser la reforma educativa. Establecer una carrera académica para los profesores es indispensable, y esto significa una evaluación de quienes quieran incorporarse al sistema; es elemental la necesidad de saber si un candidato tiene las competencias necesarias para ser profesor. Después una evaluación periódica es necesaria porque el nombramiento de profesor no es la entrega a un corsario de una patente ad perpetuam: no sólo es necesario saber que el profesor continúa manteniendo sus competencias; más aún, toda la sociedad debe buscar que se eleven las competencias de todos sus profesores y de todos los miembros de la sociedad.

De modo que la herencia y la compra-venta de plazas de profesores, práctica común en el sindicato, es una aberración innombrable.

Otra aberración insólita, es que directores, supervisores, inspectores de escuelas; o directores, subdirectores y hasta subsecretarios, sean miembros del sindicato. Corregir estos dislates de la organización de la educación es una necesidad inmensa. Marchas, y discursos y consignas, en defensa de la educación publica es el disfraz de una demanda por la próxima y paulatina pérdida (esperemos), de esas prerrogativas absurdas y subdesarrolladas.

Pero nada de esto puede corregirse de fondo sin un proyecto nacional del desarrollo educativo de la A la Z. No puede intentar instalarse un modelo educativo ejemplar, si los profesores no pasaron previamente por una capacitación a la altura de las metas nacionales que se buscan. Las leyes reglamentarias de los artículos constitucionales reformados, deben sentar las bases del desarrollo de un sistema educativo de primer mundo. Y esto debe hacerse a dos o tres velocidades, en efecto; pero no al grado de que las brechas de calidad entre las escuelas del país no vayan cerrándose.