El secretario de Gobierno del Distrito Federal, Héctor Serrano, confió en que esta semana se lleve a cabo la mesa central con autoridades de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) federal, en la que se defina la ruta de operación de la Cruzada Nacional contra el Hambre que se pretende emprender en la capital.

El funcionario dijo que si bien hay algunas posturas, como la del jefe delegacional de Álvaro Obregón, Leonel Luna, quien ha declarado que la encargada de implementar esa estrategia, Rosario Robles, no es interlocutora válida, la decisión en ese sentido es del gobierno federal, por lo que hasta que no diga lo contrario, las reuniones serán con ella.

Precisó que hasta el momento no ha habido una petición oficial para que dicha interlocución sea encabezada por otra dependencia, como la Secretaría de Gobernación. Nosotros atendemos una dinámica institucional; hay una secretaria de Desarrollo (Social) que es la responsable del programa.

Dijo que la próxima reunión tendrá como propósito ramificar las mesas técnicas para la implementación de dicha cruzada. Negó que pueda haber una negativa de los jefes delegacionales para llevar a cabo dichos trabajos con la titular de la Sedeso.

El jefe delegacional de Iztapalapa, Jesús Valencia Guzmán, señaló que los programas sociales federales en la demarcación siempre serán bienvenidos, pero no sólo para unos cuantos, dijo, e hizo un llamado al gobierno federal para invertir los recursos de la Cruzada Nacional contra el Hambre destinados a Iztapalapa en el problema más fuerte que enfrenta, que es el desabasto de agua.

Durante la entrega de tarjetas de apoyo a adultos mayores –de 62 a 64 años–, Valencia Guzmán destacó que coincide con el gobierno federal en que esa delegación debe formar parte de dicha cruzada; pero en lo que no estamos de acuerdo es que solamente se apoye a 50 mil personas, expresó. Cuestionó cómo y quién haría la elección de los beneficiarios, cuando la población en dicha jurisdicción es de 1.9 millones.

Por ello, insistió, la ayuda debe invertirse en infraestructura para el agua, y le hemos dicho al gobierno federal que destine uno por ciento de los recursos de ese programa, equivalentes a 2 mil 890 millones de pesos, para resolver –en tres años– la falta de líquido en la demarcación. Remarcó que el acceso a éste bien también forma parte del derecho a la alimentación.

(Con información de Tania Sánchez)