Guanajuato, Gto., 11 de mayo.

La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas (STRC) interpuso una denuncia penal e inició cuatro procedimientos de responsabilidad administrativa contra otros tantos funcionarios de la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) por la adquisición, a precio inflado, de 482 megáfonos, por los que pagaron un millón 183 mil pesos.

Los aparatos cuestan en promedio 945 pesos, pero fueron comprados en 3 mil 400 pesos cada uno. La SSG debió gastar más de 455 mil pesos, pero erogó un millón 638 mil pesos.

Isabel Tinoco Torres, titular de la STRC, se negó a dar los nombres de los funcionarios que compraron los megáfonos a la empresa Omniprov de México. La denuncia penal, dijo, se puso contra quien resulte responsable.

No vamos a permitir que se violente la legalidad y la honradez con que debe conducirse todo servidor público, sostuvo la funcionaria. Agregó que la compra inflada fue detectada mediante una denuncia anónima realizada por correo electrónico el lunes pasado.

La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos contemplan sanciones administrativa poco severas. Por esta razón, el jueves pasado el gobierno del estado envió al Congreso local una iniciativa de ley que busca endurecer las penas y que los funcionarios puedan ser inhabilitados hasta por 20 años y cubran la totalidad de los daños económicos que causen.