Mexicali, BC, 11 de mayo.

En los cinco municipios de Baja California existen 149 mil casas desocupadas y 65 mil están abandonadas debido a que los derechohabientes cayeron en moratoria y las deshabitaron sin hacer gestiones para regresarlas a la institución financiera.

Juan José Sánchez Soler, delegado en Mexicali del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda del gobierno de Baja California (Indivi), explicó que los datos son del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Agrega que desde 2000, alrededor de 7 mil familias han sufrido el despojo de sus casas por inmobiliarias, desarrolladores de viviendas e instituciones bancarias que han hecho lucrativos negocios de los créditos del Instituto Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste).

Problema de salud y seguridad

Además de un problema de vivienda, el abandono o la desocupación representa un problema de salud y de seguridad porque las casas son objeto de robo de mobiliario y de cables, o son utilizadas como tienditas y picaderos de droga por los distribuidores de drogas al menudeo.

El gobernador Guadalupe Osuna Millán anunció recientemente un programa de reasignación de viviendas abandonadas con el fin de rehabilitarlas y entregarlas a quienes realmente las necesitan.

Sánchez Soler sostuvo que se aplica un proyecto piloto en el fraccionamiento Zonas Altas, en el que una empresa desarrolladora está recuperando y comprando las casas para rehabilitarlas y ponerlas a disposición de los derechohabientes del Infonavit o de otras instituciones financieras.

De hecho ya se reasignaron 200 viviendas abandonadas por sus propietarios originales.

Sánchez Soler comentó que no existe un número definitivo entre casas desocupadas y deshabitadas, aunque para dimensionar el problema puso de ejemplo que el Infonavit ha otorgado más de 240 mil créditos y trae una cartera vencida de 5.3 por ciento, que corresponde a alrededor de 15 mil casas, lo que es un número muy bajo para el volumen colocado.

Descartó la construcción de vivienda nueva, debido a que el propio Infonavit informó que 45 mil derechohabientes aún no ejercen su crédito ya aprobado.

Ante esta situación, el Consejo de Organizaciones Regionales Obreras de Baja California (Corobc) exigió al Congreso de la Unión establecer y aplicar en forma urgente un programa de res- cate financiero de viviendas de interés social para la adquisición y devolución de casas, además de suspender dichos actos jurídicos.

Roberto Proo Mendoza, presidente del Corobc, acusó a las ins- tituciones públicas de olvidar el derecho inalienable de los trabajadores de contar con una vivienda digna, cuya obligación de los patrones de proporcionar a sus trabajadores viviendas cómodas e higiénicas contenido en el artículo 123, señala en un documento entregado a los grupos parlamentarios de los siete partidos representados en el Congreso de la Unión.

Junto con la organización Compromiso Social por Baja California y Enlace para una Nueva Sociedad, el Corobc informó que el Infonavit ha asignado 950 mil créditos en todo el país, de los cuales 252 mil están en cartera vencida y la mitad fueron declarados incobrables, por lo que procedió el despojo de viviendas, a través de despachos de cobranza particular.

Proo Mendoza relató que en un acto ilegal, en 2005 el Infonavit vendió 56 mil de estos créditos de su cartera vencida a empresas transnacionales Capmark por un precio menor a 10 por ciento del crédito, lo que originó el abandono de más de 75 mil viviendas.

Dichas organizaciones piden que se legisle y apruebe en este año el programa de rescate financiero de la vivienda para beneficiar a cinco millones de familias, que se suspenda todo procedimiento jurídico que implique o tenga la finalidad de despojar sus viviendas a los trabajadores que enfrentan dificultades para cubrir sus adeudos por estar desempleados o sus ingresos sean insuficientes, y que se elabore una agenda legislativa en materia de vivienda de interés social.

Asimismo, eliminar el uso de la figura unidades de inversión (Udis) o similares en los créditos para la adquisición de viviendas de interés social”.