El gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, puso en duda que el gobierno federal tenga capacidad de aplicar en tres años el nuevo sistema de justicia. Dijo eso requiere mucha inversión y que en su entidad modificar el sistema penal costó cuatro veces más que construir un espacio universitario.

Señaló que además de cambiar las estructuras jurídicas, es necesario que las autoridades diseñen una estrategia integral de prevención del delito y de desarrollo social que impida que los jóvenes delincan.

Ante integrantes de organizaciones sociales y especialistas en seguridad y justicia, sostuvo que no hay que ver las prisiones como una venganza social, sino como una oportunidad que la propia sociedad está ofreciendo a quienes la han dañado.

Durante el quinto Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia, puntualizó que la reclusión ya no es la única manera de sancionar a quienes delinquieron, y pidió que se tomen en cuenta medidas alternativas para que se evite la prisión preventiva y con ello la saturación de las cárceles.

En tanto, Elena Izazola Licea, directora general de Política y Desarrollo Penitenciario de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), informó que hay 122 mil personas sentenciadas en los Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso) que necesitan llevar a cabo actividades laborales y de capacitación para el trabajo.

Indicó que en el sistema federal hay 250 mil personas privadas de su libertad, de las que 58 por ciento ya han sido sentenciadas, y desafortunadamente no hemos observado que haya una baja en las detenciones, a pesar de las medidas aplicadas.

Asimismo, señaló que la población penitenciaria femenina en los Ceferesos ha aumentado, y pasó de 4 por ciento a 6.2 por ciento del total de los internos.