El general Óscar Naranjo Trujillo, ex director de la Policía Nacional de Colombia y asesor en seguridad del presidente Enrique Peña Nieto, advirtió: “habría que llamar a las cosas por su nombre y, en el caso mexicano, un Estado que no asegure el monopolio de la aplicación de justicia y el monopolio legítimo de su fuerza es un estado que da origen a paraestados, y cuando a una autodefensa se le empieza a llamar policía se produce una distorsión”.

El también director ejecutivo del Instituto Latinoamericano de Ciudadanía sostuvo que “en América Latina se ha querido justificar la mediocridad de los funcionarios al afirmar que las sociedades tienen las instituciones que se merecen.

“Se dice en Colombia, Perú o México que tenemos los policías que te da la tierra; hay que desterrar ese argumento, en el entendido de que un funcionario público, particularmente un policía, debe estar por encima de los estándares éticos.

“En el tema de aplicación de justicia, habría que llamar las cosas por su nombre y, en el caso mexicano, me parece pertinente afirmar que un Estado que no asegure los monopolios de la aplicación de justicia y el legítimo de su fuerza es un Estado que da origen a paraestados”.

Al participar en el quinto Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia, señaló: lo voy a decir con mucho respeto; espero la comprensión de los ciudadanos en México: cuando a una autodefensa se le empieza a llamar policía se produce una distorsión.

Apuntó que con esas situaciones, lejos de invocar o promover el sentido del deber ser de un policía se destruye el concepto y se vuelve una cuestión imaginaria.

Por ello, señaló, “lo primero que habría que hacer para no incurrir en fallas o equivocaciones al debido proceso, es que el Estado se asegure que es el único que aplica justicia y ejerce el monopolio de la fuerza.

Si algo realmente necesitan la policías es conducción política, civil y liderazgo civil; cuando uno revisa lo que está sucediendo en América Latina encuentra que ante un pasivo de profesionalismo de las corporaciones, se ha incurrido en una especie de militarización de las policías, y eso realmente produce mucho daño, porque un policía ni es civil ni es militar.

Asimismo, dijo que cuando instituciones o figuras jurídicas, como el arraigo, se convierten no en norma excepcional de aplicación, sino en norma habitual de aplicación, las instituciones y los funcionarios públicos entramos a una zona de confort donde no interesa la aplicación de la justicia, sino una respuesta mediata, tremendamente falaz para tratar de respaldar que estamos cumpliendo con el deber.