El sistema bancario se mueve en una paradoja: es financieramente sólido, pero con una limitada oferta de crédito al sector productivo, en particular a las pequeñas y medianas empresas, si se compara con lo que ocurre en otras naciones con economías similares a la mexicana. La banca presta poco, sostuvo este miércoles Luis Videgaray Caso, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al presentar una iniciativa de reforma financiera orientada a aumentar la oferta y disminuir el costo del financiamiento a las empresas. No se pretende reducir las tasas de interés por decreto, acotó.

La propuesta, que ayer fue remitida al Congreso por el presidente Enrique Peña Nieto, pretende que el Estado ejerza realmente la rectoría sobre el sistema bancario para que las instituciones financieras orienten sus actividades al desarrollo de las fuerzas productivas del país, expuso.

Aumentar la competencia

Con el paquete se pretende aumentar la competencia entre bancos, al facilitar a los usuarios la posibilidad de trasladar sus deudas de créditos al consumo de una institución a otra; impedir las llamadas ventas cruzadas, por medio de las cuales se condiciona la compra de un producto financiero a la contratación de un servicio bancario, y dotar de facultades supervisoras a la Comisión Nacional para la Defensa y Protección de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

La iniciativa recoge una vieja demanda de los banqueros de reducir los tiempos en que un acreedor puede quedarse con un bien dejado en prenda en caso de incumplimiento de pago, un procedimiento que hoy, en el caso de litigios por créditos hipotecarios, puede extenderse varios años.

Las 13 iniciativas de reforma, que plantean la modificación de 34 ordenamientos legales, constituyen un paquete complejo e integral que propone dotar de mayor flexibilidad a la operación del sistema financiero para que otorguen más créditos y que sean más baratos, expuso Videgaray en el alcázar de Chapultepec. La propuesta busca hacer efectiva la rectoría del Estado sobre el sistema bancario para que oriente sus actividades al desarrollo de las fuerzas productivas del país, como está plasmado en la Ley de Instituciones de Crédito, explicó durante la ceremonia, encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto y los dirigentes de los tres principales partidos del país.

Detalló que la propuesta de cambios al sistema financiero descansa en cuatro ejes:

El primero está encaminado a lograr que la banca de desarrollo impulse al sistema financiero en beneficio de las familias y de las pequeñas empresas mexicanas. Este conjunto de instituciones se convirtió al paso del tiempo en una banca excesivamente conservadora. Por eso, expuso, se propone establecer que tendrán como mandato facilitar el acceso al crédito y los servicios financieros a personas físicas y morales. Estas instituciones serían obligadas, en caso de que se apruebe la reforma, a adoptar en sus programas y productos la perspectiva de género, es decir, a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres.

El segundo eje, agregó, está relacionado con generar mayor competencia en un sector en que actualmente, según datos oficiales, cinco instituciones (de las cuales cuatro son de origen extranjero) controlan poco más de tres cuartas partes de los activos.

Para generar mayor competencia, explicó, se establece de manera explícita que los bancos tienen prohibido realizar ventas atadas, es decir, que vendan algunos productos condicionados a la adquisición de otros. También se propone reformar la Ley de Mercado de Valores para que empresas medianas tengan posibilidad de obtener financiamiento en la bolsa; se aclara y amplía la regulación que permite la portabilidad de operaciones entre instituciones, de manera que se facilite la movilidad de los usuarios para elegir entre un banco u otro.

Acceso a información relevante

Además, se propone la creación de un buró de entidades financieras en la Condusef, mencionó. Este mecanismo, que calificó de innovador, se crea con la finalidad de que los usuarios puedan acceder fácilmente a información relevante de las entidades financieras para tomar la mejor decisión para la contratación de servicios.

En caso de que la iniciativa sea aprobada, se requerirá a la Comisión Federal de Competencia, el organismo antimonopolios del Estado, la elaboración de una investigación sobre las condiciones de competencia en el sistema financiero para mejorar la competencia en este sector.

Para dar atención al tercer eje de la iniciativa y promover de forma efectiva el crédito, la iniciativa propone fortalecer las facultades de las autoridades financieras. En particular, la SHCP tendría atribuciones para evaluar periódicamente el desempeño de las instituciones de banca múltiple, acerca del grado de orientación y cumplimiento de los bancos en el apoyo y promoción de las fuerzas productivas del país y el crecimiento de la economía nacional, dijo. El resultado de dichas evaluaciones deberá tomarse en cuenta para el otorgamiento de autorizaciones, abundó.

La iniciativa parte del hecho de reconocer la necesidad de otorgar mayor certidumbre jurídica en la ejecución de contratos y fortalecer el esquema de garantías como medida necesaria para incentivar la expansión de la oferta de crédito, apuntó.

Las garantías son las prendas –inmuebles u otros activos– que deja el acreedor por el crédito recibido.

A efecto de reducir el riesgo en la actividad bancaria y con ello ampliar la oferta de crédito, las reformas simplifican los regímenes para el otorgamiento y la ejecución de garantías crediticias, y se introducen mejoras al marco jurídico que regula los concursos mercantiles de empresas comerciales para propiciar confianza en dichos procesos y lograr mayor certidumbre jurídica, expuso Videgaray.

El cuarto eje plantea medidas que contribuyen al fortalecimiento del sector para mantener su solidez, que hoy es notable. Se considera elevar a rango de ley las normas para la conformación y calidad del capital establecidas internacionalmente, las llamadas reglas de Basilea III.

Adicionalmente se facilitan y ordenan los procesos de quiebras bancarias, salvaguardando en todo momento los derechos de los ahorradores, y se refuerzan los mecanismos de coordinación y cooperación entre las autoridades financieras.