El ex presidente Felipe Calderón puso en marcha el acueducto Independencia de Sonora en noviembre, a pesar de que estaban abiertos procedimientos judiciales en contra de esta obra, como el recurso de revisión que presentó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en contra del amparo que obtuvo la etnia yaqui para preservar el agua que da vida a especies sagradas, zonas boscosas y les permite cultivar 18 mil hectáreas de granos.

El recurso está en proceso de resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la cual esperaríamos que ratificara el amparo que echó abajo la autorización de la manifestación de impacto ambiental (MIA) que otorgó la dependencia al proyecto, sostuvo Mario Luna, secretario de la autoridad yaqui.

Explicó en entrevista que el amparo que dio un juez de distrito en Sonora echa abajo la autorización de la Semarnat para la construcción del acueducto Independencia, con el cual se busca hacer el trasvase de aguas de la cuenca del río Yaqui al Sonora.

No hubo consulta previa a la comunidad yaqui y sentimos violentados nuestros derechos. Además, el trasvase afectará el entorno ecológico y la producción agrícola, señaló y consideró que hubo “una cadena de corrupción en el sexenio pasado. Todo se confabuló: el gobierno de Sonora de extracción panista, que Felipe Calderón avaló, por conducto de la Semarnat, el proyecto del gobernador Guillemo Padrés.

Esperamos que en este sexenio, aunque no vemos señales, la Semarnat recapacite, dijo, y agregó que el agua del río Yaqui mantiene cierto equilibrio ecológico en el área semidesértica, provoca un microclima con la humedad que genera y hay una crisis fuerte para mantener el área boscosa, muchas familias viven de ella. Hay animales sagrados que dependen de esa agua. Dieciocho mil hectáreas dependen de esa agua para cultivar cártamo, trigo, frijol y garbanzo.

Detalló que el proyecto pretende trasvasar 75 millones de metros cúbicos, equivalente al agua que requiere la producción de 10 mil hectáreas en un ciclo agrícola, más de 60 por ciento de la superficie agrícola estaría en riesgo.