En México y América Latina existe un patrón común de violencia contra las mujeres e impunidad en el sistema de justicia, motivo por el cual 92 por ciento de los feminicidios en la región quedan impunes, refirió Elba Beatriz Núñez, coordinadora regional del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem).

De acuerdo con esa organización, por día se registran 500 episodios de violencia sexual en contra de las mujeres en la región; siete de cada 10 mujeres han sufrido algún nivel de violencia, y de 17 a 53 por ciento quedan afectadas por violencia sistemática.

Aunado a ello, planteó que existe preocupación por la persecución y criminalización en contra de las defensoras de los derechos humanos.

Es un fenómeno con mayor presencia en Centroamérica, pero lamentablemente se está extendiendo a otras subregiones de América Latina. Por ello, la Subcomisión Latinoamericana de Derechos Humanos ha llamado la atención de los estados, a fin de que den garantías y protección a estas defensoras, muchas de ellas asesinadas de manera sistemática.

En compañía de Elizabeth Cabero, secretaria ejecutiva de la oficina regional de Cladem, y María Edith Oviedo, vocera de la Campaña por una educación no sexista y antidiscriminatoria, Núñez indicó que en México y América Latina existe una gran deuda hacia el género en varios renglones: educación, salud, acceso a la justicia, maternidad, empleo, combate a la pobreza y otros.

La causa: los gobiernos no asignan el presupuesto necesario, ni desarrollan las políticas públicas indispensables para revertir el deterioro de las condiciones de vida del género, combatir la violencia y otras situaciones, pese a que se han emitido leyes muy avanzadas.

De nada sirve que haya leyes punitivas, si no hay presupuesto ni programas integrales para la protección a la mujer, dijo Núñez.

Advirtieron que la trata de personas, el narcotráfico y el crimen organizado han influido en el aumento de los feminicidios, cuyo incremento también obedece a la impunidad.

Respecto a México, dijeron que aunque el gobierno federal ha ratificado todos los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, sigue siendo omiso en el cumplimiento de la sentencia de Campo Algodonero, emitida en 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Otros grandes deudas por parte del Estado mexicano son: la ausencia de medidas de protección para evitar los asesinatos contra las mujeres; la flexibilización laboral que está llevando a la precarización de las condiciones de vida del género; el aumento de muertes maternas y la carencia de políticas de combate a la pobreza que hagan de las mujeres agentes de cambio.