La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que personal del Centro Federal de Readaptación Social número 1 Altiplano, en el estado de México, vulneraron los derechos a la integridad, seguridad personal, trato digno, a la vida, legalidad, y seguridad jurídica de un interno, quien fue torturado y posteriormente murió.

Por ello, el organismo nacional emitió una recomendación dirigida al gobernador de esa entidad, Eruviel Ávila Villegas, y a Manuel Mondragón y Kalb, titular de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación.

La recomendación, firmada por el ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, asienta que cinco semanas antes del fallecimiento, un familiar de la víctima interpuso dos quejas ante la CNDH para denunciar las agresiones, así como que los integrantes del Consejo Técnico Interdisciplinario le habían impuesto una medida correctiva.

En principio se envió a un médico de la CNDH, quien tras entrevistarse y valorar físicamente al agraviado constató que tenía huellas de lesiones en diversas partes del cuerpo. El organismo inició una investigación y solicitó a las autoridades correspondientes que se tomaran las medidas cautelares correspondientes para garantizar los derechos del interno.

Aun cuando se dictaron medidas cautelares, 30 días después de la valoración se informó a la CNDH que se encontró colgado de una ventana el cuerpo sin vida del agraviado.

Por ello, visitadores de la comisión iniciaron una indagatoria y tras el análisis del caso advirtieron que seis custodios del Altiplano vulneraron los derechos humanos de la víctima, específicamente a la integridad y seguridad personales, lo mismo que al trato digno.