El gobierno de la República y los tres principales partidos políticos –PRI, PAN y PRD– volvieron a estampar su firma. Esta vez en un llamado addendum (agregado) al Pacto por México, para comprometerse a no confundir ‘‘la lucha contra el hambre con la lucha electoral’’ y aplicar nuevos y mayores ‘‘candados’’ hacia ese fin en los tres niveles de gobierno. Ello, no obstante la ausencia en ese acto de Rosario Robles, quien desde la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) habría propiciado las denuncias y el momentáneo abandono de la oposición de esa instancia, por el presunto uso con fines políticos de los programas sociales a su cargo.

En efecto, y a diferencia del 2 de diciembre, cuando la firma original del pacto, esta vez a Palacio Nacional no fue convocado el gabinete, más allá de los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de Hacienda, Luis Videgaray.

Con ellos como los instrumentadores de las garantías para superar esta ‘‘coyuntura’’, el presidente Enrique Peña Nieto agradeció el retorno de los partidos al ‘‘reiterar su convicción constructiva y trabajar juntos a fin de rencauzar el Pacto por México’’ para priorizar ‘‘el bienestar nacional por encima de intereses partidistas y electorales’’.

Sin embargo, no todo fue borrón y cuenta nueva, porque en sus discursos cada líder partidista llevó, en su propia retórica, un mensaje cifrado o explícito:

Jesús Zambrano, del PRD: ‘‘Hoy estamos reactivando los trabajos del pacto; al empeñar usted (el presidente Peña) su palabra, empeña también su investidura institucional para que nada se interponga en la construcción de los acuerdos y de las grandes reformas que necesita el país’’.

Gustavo Madero, del PAN: ‘‘Colaborar, competir y denunciar no son acciones excluyentes (...) ante los actos de corrupción de los gobiernos que utilicen su estructura, su nómina, su presupuesto y sus programas para reproducirse y para perpetuarse en el poder’’.

Y ahí mismo mostró una fotografía como prueba, dijo, de un acto en Coahuila para la presentación de una estructura electoral y para manejar programas políticos, sociales, ‘‘con un uniforme, con una etiqueta, con un mensaje implícito. Esto es parte de la estructura que demandamos dejar atrás’’.

(Quienes estaban en las filas delanteras dijeron haber visto en esa gráfica sólo a un grupo de personas con camisas rojas y no más. Hubo incluso quien ironizó: ‘‘No entendimos dónde estaban los elementos irregulares, claro, salvo que quiera prohibir el color rojo’’).

Sin embargo, en entrevista, el líder del blanquiazul dijo que se trataba de uso ‘‘simulado, disimulado y descarado’’ de los recursos que permiten etiquetar los programas sociales para un partido; también que son más de 10 mil funcionarios y ‘‘más parece un evento de partido que de gobierno’’.

Madero admitió no haber pedido para este caso la intervención directa del Presidente, aunque ‘‘yo creo que con el secretario de Gobernación tendremos que darle seguimiento’’.

César Camacho, del PRI: ‘‘Enfatizo: por decisión popular, todos los partidos somos gobierno en diversos ámbitos y, por tanto, compartimos responsabilidades, pues la evidencia demuestra que la tentación es la misma y existen denuncias de todos colores’’.

Tras escuchar esas expresiones, el presidente Peña Nieto no modificó un ápice su mensaje de celebración y congratulaciones: ‘‘Hemos decidido ampliar y enriquecer el Pacto por México para blindar los programas sociales de los tres órdenes de gobierno de cualquier desviación, manejo sesgado o uso electoral’’.

Las acciones del gobierno, principalmente las de política social, insistió, no deben incidir en la decisión del sufragio libre y secreto. ‘‘La lucha contra el hambre no debe ni habrá de confundirse con la lucha electoral’’.

Pidió entonces a la sociedad, a las organizaciones de la sociedad civil y a los beneficiarios de los programas ‘‘ser testigos e interventores permanentes’’ y, junto con el gobierno y los partidos políticos, evitar ‘‘que nadie lucre o saque provecho de las carencias o necesidades de la gente’’. El pacto ‘‘está vigente y se mantiene’’, señaló el presidente Peña. Lo ubicó entonces como ‘‘un activo de la nación’’.

Instalado en su nueva trinidad política de ‘‘colaborar, competir y denunciar’’, Madero Muñoz tuvo un rapto de sinceridad y seguramente por ello englobó las denuncias contra su partido en el pasado reciente por el uso de los programas sociales con fines electorales.

Y lanzó: ‘‘(los) ciudadanos están hartos de esta realidad que se ha anidado en nuestro sistema político desde hace más de cien años y que no hemos podido erradicar (...) se ha convertido en una cultura política basada en prácticas clientelares autoritarias y corruptas que forman parte del paisaje nacional y que ya no alcanzan a generar indignación social, castigos electorales y mucho menos sanciones penales o administrativas’’.

Camacho buscó tranquilizar a los suyos, al decir que se revisarán los perfiles de quienes manejarán los programas sociales, pero esto ‘‘debe hacerse con objetividad, sin prejuicios y sin trastocar los derechos de nadie (...) esta es una buena oportunidad para hacer un llamado a evitar la generalización que engaña y daña’’.

Zambrano, a su vez, lanzó el mismo mensaje de hace meses para justificar su permanencia en el pacto: ‘‘Lo hacemos con la convicción de que es el papel de una izquierda democrática, responsable, moderna, que no baja sus banderas, sino las hace valer por medio de la crítica y del diálogo constructivo’’.

Al final, en entrevista, alguien preguntó al líder perredista:

–¿Qué garantía hay de que dentro de cinco meses no estén aquí firmando un addendum del addendum?

–Ninguna –respondió.