Un juez federal emplazó a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) para que en un plazo de tres días hábiles las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) proporcionen todas las herramientas de protección a las que tiene derecho el ex subprocurador José Cuitláhuac Salinas Martínez, entre ellos cuatro autos blindados y una escolta para él y los integrantes de su familia.

El juez Jesús Alberto Chávez Hernández, titular del juzgado décimo tercero de distrito en amparo penal del Distrito Federal, resolvió que con base en un acuerdo de la PGR, los ex titulares de la Seido deben contar con cuatro vehículos blindados, además de seis integrantes de la policía federal ministerial, pero en el caso de Salinas sólo le han proporcionado dos vehículos blindados y tres agentes policiacos a su disposición, por lo que el juez ordenó a las autoridades de la PGR que cumplan con los recursos de protección que le corresponden al ex funcionario.

Revelaciones

El pasado martes, Salinas reveló en diversas entrevistas que ha recibido amenazas telefónicas de muerte, por lo que dijo que teme por su seguridad personal y la de su familia.

También dio a conocer que el general Tomás Ángeles Dauahare fue víctima de un complot de militares que utilizaron a la PGR para acusarlo falsamente de narcotráfico.

El ex funcionario refirió que “La procuraduría fue utilizada por algún personal que podía formar parte del Ejército, militares que estuvieran interesados en perjudicarlo (...) Sería una imprudencia de mi parte señalar quién pudiera ser el autor del complot en su contra.

La investigación en su conjunto fue dirigida por personal del Ejército, algunos elementos del Ejército, dijo Salinas Martínez en entrevistas televisivas y radiofónicas.

De acuerdo con el hoy secretario de un tribunal federal, la entonces procuradora Marisela Morales instruyó que él no sería enterado de todos los asuntos de la Seido, aunque dice que hubo reuniones posteriores donde le pidieron una opinión del caso de Ángeles y manifestó que no había pruebas.

Salinas promovió una demanda de amparo el pasado viernes contra una investigación que ahora dice que abrió la Seido en su contra y de la cual no le han permitido defenderse.

El funcionario solicitó al juez Chávez Hernández obligar a la PGR a informar sobre las indagatorias contra su persona y suspender el ejercicio de la acción penal hasta en tanto las autoridades ministeriales le garanticen su derecho de defensa.

Tengo conocimiento de la posible existencia de investigaciones en mi contra, en el área de la que fui titular, razón por la cual el 4 de abril último presenté (un escrito) dirigido al encargado de la subprocuraduría, en que solicité, en ejercicio del derecho de defensa, fuera citado legalmente en las indagatorias correspondientes a efecto de rendir declaración respecto de los falaces hechos en que me pudiera involucrar, dice el ex subprocurador en su amparo interpuesto el viernes.

En el escrito que entregó hace un mes a Rodrigo Archundia Barrientos, encargado de despacho de la Seido, Salinas ofreció pruebas de descargo como lo son reportes de su actividad rendida por el personal de custodia encargado de su seguridad.

Respecto a su seguridad, Salinas se quejó ante el juez federal de que la PGR no ha cumplido con el derecho que tienen para contar con todos los elementos de seguridad y vehículos blindados, a lo que el juez respondió con el emplazamiento a la dependencia.