El gobierno prepara una nueva estructura de atención a víctimas del delito, cuyo eje será una Comisión Ejecutiva que coordine, a nivel nacional, todas las estrategias para atender esta problemática.

De acuerdo con estas previsiones, diversas estructuras creadas en el último tramo del sexenio calderonista serían puestas a disposición de esta Comisión Ejecutiva, entre éstas la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito (Províctima), creada como organismo descentralizado y autónomo en septiembre de 2011 y puesto en operación un mes después.

El nuevo andamiaje de derechos humanos, atención y reparación del daño para las víctimas del delito, será delineado en el reglamento de la ley en la materia, impulsada en la administración anterior pero sometida a cambios durante el primer trimestre del gobierno de Enrique Peña Nieto.

No sabemos aún qué ocurrirá con Províctima porque, si bien la idea es crear una sola instancia que atienda este tema, también sabemos que actualmente operan con eficiencia sus centros de atención (19 en todo el país). Decretar su desaparición es un asunto delicado; por lo pronto estamos en ese análisis, señaló un alto funcionario de la Secretaría de Gobernación.

En el reglamento en ciernes se determinarán también los mecanismos de indemnización o reparación del daño; otra tarea es la construcción de un protocolo para la búsqueda de personas, aunque ya hay antecedentes de este punto, también generados en el sexenio anterior.

Províctima nació en uno de los lapsos más difíciles para el país, en cuanto a homicidios dolosos, secuestros y desapariciones.

En el decreto de creación se dijo que el objetivo era evitar la revictimización, es decir, que quienes han sido afectados u ofendidos por la comisión de un delito, enfrenten además condiciones difíciles para el acceso a la justicia y el ejercicio de sus derechos.

Esta procuraduría tuvo que operar prácticamente de un día para otro, incluso sin la estructura necesaria de atención en el Distrito Federal (líneas telefónicas, personal, mobiliario, etcétera); arrancó operaciones con personal de la Procuraduría General de la República y, paulatinamente, ha construido una estructura nacional, que ahora está en análisis para determinar si continúa o no en esta forma de organismo especializado para garantizar la articulación de todas las instancias de seguridad y procuración de justicia, a fin de atender a las víctimas del delito.

Un reporte de noviembre del año pasado precisó que Províctima atendió de octubre de 2011 al 27 de noviembre de 2012, a familiares de mil 513 personas reportadas como desaparecidas o no localizadas. Esta procuraduría dijo que contribuyó a la localización de 135 personas, 72 por ciento de ellas con vida. Al primer bimestre de este año, esta cifra subió a 169 personas localizadas.

Lo anterior, con base en la aplicación del Protocolo de Búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas, en coordinación con autoridades federales y estatales. Este protocolo se empezó a elaborar en mayo de 2012 y fue presentado en noviembre pasado a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

A nivel general, dijo que de octubre de 2011 a enero de 2013 atendió a 13 mil 644 personas de manera presencial, a quienes otorgó 118 mil 621 servicios (asesorías jurídicas, acompañamiento ante el Ministerio Público u otras autoridades, terapia sicológica, revisiones médicas y ayuda para obtener apoyos sociales).