La modificación a la Ley Minera aprobada el viernes en la Cámara de Diputados para imponer a las empresas mineras el pago de 5 por ciento de sus ganancias es limitada y violatoria de los derechos de los pueblos indígenas, porque no se les consultó a ellos conforme obliga al Estado mexicano el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que tiene rango constitucional en el país, advirtió el comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas, Jaime Martínez Veloz.

Como comisionado no estoy de acuerdo porque estoy convencido que esa modificación a la Ley Minera no tomó en cuenta todos los factores afirmó.

En entrevista con este diario el ex diputado apuntó que incluso esa sorpresiva modificación a la Ley Minera no respeta lo que acordaron los partidos y el Ejecutivo en el Consejo Rector del Pacto por México de tratar este asunto en forma integral, es decir, que debería ir en paquete con la Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas y el reconocimiento de éstos como entidades de derecho público.

Son temas delicados para el país, no sólo desde el punto de vista financiero, sino de ingobernabilidad al no procesar bien estos asuntos, dijo al indicar que espera que el Senado retome este compromiso tomando en cuenta también algunas de las propuestas que se hicieron en un foro sobre la materia realizado por esa instancia legislativa.

En este caso valdría la pena que el consejo del pacto asuma lo que está acordado por ellos mismos. Esto tiene que ver con razones propias del Estado mexicano, que están previstas en su propia constitucionalidad, que está contraviniendo, quizá con buenas intenciones, pero erradas desde mi punto de vista, añadió.

Además, la citada modificación a la Ley Minera no respetó el acuerdo de que los impuestos irían para las comunidades y municipios, ahora se habla de la Federación y los municipios y quedan relegadas otra vez las comunidades y los pueblos.

Tampoco toca el daño medioambiental que causa la minería a cielo abierto, sobre todo la extracción de oro en la que se mueven miles de toneladas de tierra que se contaminan con cianuro, enfatizó Martínez Veloz.

Insistió en que, en paralelo de una nueva Ley Minera debería elaborarse una Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas en la que se consideren factores de esta naturaleza, no se le puede dar un tratamiento sesgado y reduccionista, incluso la definición de los montos debe ser hecha por las propias comunidades comentó.

El comisionado aseveró que los mismos sectores que acusan a los pueblos indios de pretender que se establezcan para ellos leyes de excepción, cuando se trata de cuestiones fiscales entonces sí quieren hacer excepciones, por ejemplo al petróleo se le impone un impuesto de alrededor de 60 por ciento y en cambio al oro del cinco por ciento ¿cuál es la diferencia?.

Por otro lado se discutió mucho el tema de la soberanía en los Acuerdos de San Andrés... “en el tema de la minería desde los últimos tres sexenios se han entregado a concesiones mineras entre 96 y 98 millones de hectáreas, es la mitad del país... Los que nos acusaron a quienes formulamos la iniciativa de ley en materia indígena con base a esos acuerdos, decían que se iba a balcanizar el país y le faltaba técnica jurídica. La pregunta es para esos mismos sectores ¿cuál fue la técnica jurídica para entregar el país a un modelo extractivista y a empresas extranjeras y mexicanas?

“Se privilegió durante esos 18 años este modelo, ahora es necesario darle importancia, prioridad a la producción agrícola. La pregunta sobre esta modificación a la ley Minera es ¿cuál es la prisa, por qué no construimos un acuerdo sólido para que se beneficie a la nación, a los pueblos indígenas y se establezcan unas reglas que eviten confrontaciones? cuestionó, al afirmar que la inmensa mayoría de los pueblos adonde él ha ido no están de acuerdo con que la minería tenga la preminencia.

Manifestó su esperanza de que la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) se pueda establecer a la brevedad para realizar iniciativas conjuntas para destrabar estos trabajos.