Durante la administración de Felipe Calderón, la Procuraduría General de la República (PGR) incluyó en su programa de testigos protegidos a delincuentes que la agencia antidrogas de Estados Unidos le ofreció para sustentar sus investigaciones contra el crimen organizado, sin que se hubiera probado ninguno de sus señalamientos, señalaron funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional.

La aceptación de los testimonios y la nula investigación de sus dichos por fiscales como Marisela Morales y José Cuitláhuac Salinas Martínez derivaron en el fracaso de los casos más importantes que el gobierno creyó haber construido; entre ellos, los conocidos públicamente como el michoacanazo, la Operación Limpieza, las acusaciones contra tres ex gobernadores de Tamaulipas y contra varios generales, indicaron las fuentes consultadas, entre ellos colaboradores del procurador Jesús Murillo Karam, que han conocido el proceso de revisión de expedientes que dejó abiertos la administración de Felipe Calderón.

Entre esos testigos protegidos –que se encuentran en Estados Unidos bajo protección de la agencia antidrogas estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés)– se encuentran Sergio Barragán Villarreal, El Grande; Miguel Soto Parra, un ex integrante del cártel de Los Zetas; José Salvador Puga Quintanilla, El Pitufo, y Roberto González Nájera, Jennifer, dos operadores y un abogado del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, con los cuales se iniciaron más de 15 averiguaciones previas por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos contra la salud, indicaron los funcionarios entrevistados.

Información obtenida de funcionarios que trabajan en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido, antes Siedo), el testigo protegido Roberto González Nájera, con el nombre clave de Jennifer, trabajó hasta 2008 a las órdenes de Arturo Beltrán Leyva, y aunque realizaba labores de abogacía para integrantes del cártel, también hizo negociaciones para la adquisición y trasiego de cocaína hacia Estados Unidos.

Los datos obtenidos, refieren que Jennifer abandonó la organización criminal porque Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, asesinó a su hermano en 2008; se convirtió en testigo protegido de la DEA por medio de su oficina en la ciudad de México y fue compartido por la agencia estadunidense a la Seido cuando Marisela Morales (ex titular de la PGR) estaba al frente de la entonces Siedo y como procurador Eduardo Medina Mora.

Con base en esa relación se integró la averiguación previa que dio origen al caso conocido como el michoacanazo, en el cual más de 35 funcionarios de la entidad fueron detenidos y acusados de colaborar con organizaciones criminales como La familia michoacana. Luego de un año, todos los indiciados recuperaron su libertad.

La confianza de la DEA en Jennifer quedó en evidencia cuando el testigo protegido buscó en 2011, en nombre de la agencia estadunidense, obtener evidencia para llevar atribunales a Víctor Manuel Félix, consuegro de Joaquín El Chapo Guzmán. Para ello viajó a Ecuador con nombre falso –designado por la DEA– a negociar la adquisición de cargamentos de cocaína para el cártel de Sinaloa.

En tanto, en el caso de la Operación Limpieza, tanto Jennifer como El Pitufo, otro testigo protegido de la DEA, fueron utilizados para encausar penalmente al ex titular de la Siedo Noé Ramírez Mandujano, así como para el proceso penal que se abrió en contra de seis militares por supuestos nexos con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, en ambos casos los jueces han determinado que aportaron datos falsos en sus declaraciones ante la procuraduría general.

La PGR mantuvo un promedio mensual de 50 personas en su programa de testigos protegidos, 10 de ellos, según los funcionarios consultados, eran compartidos con la DEA.

Desde enero de este año, el procurador Jesús Murillo Karam ordenó que se revisaran las investigaciones iniciadas a partir de declaraciones de testigos protegidos, y su efectividad en los procedimientos penales, para depurar el programa en el cual la dependencia paga custodia, alimentación, vivienda para ellos y sus familias, y una compensación que hasta noviembre de 2012 era de 80 mil pesos al mes, indicaron funcionarios entrevistados.