La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados desatendió una recomendación del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para derogar el arraigo en México y, en contraste, votó un dictamen –que entrará a discusión este lunes en el pleno– para reducirlo de 80 a 40 días.

En una carta dirigida el 23 de abril a los integrantes de la comisión –incluidos los perredistas que aprobaron el dictamen, Julio César Moreno, Amalia García y Fernando Zárate–, la representación del Alto Comisionado hizo referencia a los informes que han concluido en la recomendación para derogar el arraigo.

No obstante, incluso el PRD desechó su propia iniciativa para suprimir ese mecanismo de la Constitución, y respaldar que se mantenga su aplicación. Se prevé que el pleno dispense todos los trámites al dictamen y se vote en la sesión de hoy.

La misiva, suscrita por Javier Hernández Valencia, representante en México de la comisionada, incluye un respetuoso exhorto a la comisión para que recogiera en el dictamen, que se votó el jueves, la insistente preocupación de los organismos internacionales que han recomendado al Estado mexicano la eliminación de la medida.

También se solicitó a los diputados asumir el contenido sustantivo de los reiterados posicionamientos citados “y llegue, como sana conclusión, a la derogatoria absoluta del arraigo y –en apego riguroso a la normativa internacional– restrinja además cualquier otra figura que implique la privación de la libertad”.

La oficina de Naciones Unidas para Derechos Humanos ponderó que la detención de personas deba tener como sustento causas previstas en la ley, con arreglo al procedimiento previsto en ésta; que no sea de carácter arbitrario y que no prospere sin la debida formulación de cargos en su contra y sin demora”.

Hernández Valencia también citó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que obliga al cumplimiento de un conjunto de reglas en materia de detención.

“En primer lugar –agregó–, la persona detenida deberá ser informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma; en segundo lugar, se le notificará sin demora las acusaciones formuladas contra él o ella”.

Expuso que ese segundo requisito es fundamental porque parte de la premisa de que una detención sólo puede darse en supuestos acotados y debe seguir de una acusación formal.

La carta también fue enviada a los coordinadores de PRI y PAN, Manlio Fabio Beltrones y Luis Villarreal, respectivamente, porque ellos propusieron reducir de 80 a 40 días la aplicación máxima del arraigo, refirió que desde 2002 el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria presentó su informe sobre la visita a México.

En su reporte, “el grupo de trabajo tomaba nota de que ‘el arraigo tiene por consecuencia práctica otorgar al MP un tiempo mayor para realizar las investigaciones y recabar pruebas’”.