El jefe de la policía capitalina, Jesús Rodríguez Almeida, aseguró que se investigará la actuación de los uniformados que presentaron ante el Ministerio Publico de la coordinación territortorial ABO4 a los agresores de una pasajera de microbús de la ruta 1, Taxqueña-San Ángel, que fue golpeada por pedir al chofer un buen servicio el pasado 16 de abril.

Dijo que hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) no ha recibido algún requerimiento de información de la Comisión de Derechos Humanos local, que el viernes pasado anunció que comenzaría una queja de oficio, luego de que este diario dio a conocer que María Isabel González fue agredida a golpes y patadas por el conductor de la unidad 0011060 y la mujer que lo acompañaba.

La tercera visitaduría de la CDHDF, al frente de José Antonio Guevara, informó que el pasado jueves empezó una investigación de oficio del caso de María Isabel González.

En este caso se revisaría la supervisión del transporte, el proceder del juez cívico que atendió a González, además de solicitar un informe de hechos a la SSPDF.

Cabe recordar que tras la agresión, la mujer solicitó auxilio a los tripulantes de una patrulla de la policía capitalina, quienes localizaron el microbús en el que huyeron el conductor Arturo Morales Torres y la mujer que estaba con él, Ana Gabriela de la Luz Anaya, quien llevaba un pequeño niño.

Sin embrago, los uniformados tardaron no sólo en llevarlos a la agencia del Ministerio Público 24, sino en presentarlos ante la autoridad, mientras la agredida era desanimada a concretar el procedimiento legal por lo tardado y engorroso.

A pesar de que María Isabel fue agredida por dos personas y presentaba lesiones –que de acuerdo con el dictamen médico tardaban menos de 15 días en sanar–, el ataque fue turnado al juez cívico de dicha coordinación territorial, donde Javier Rojas Rojas le dijo que si quería continuar con el procedimiento, tenía que pagar una multa hasta de mil 900 pesos por participar en una riña.

El funcionario también le dijo que la solución sería un acuerdo entre las partes, pero fuera del juzgado, así que José Peña Arenas, quien dijo ser representante legal de la ruta 1, le ofreció a María Isabel una carta hecha a mano, en la que se comprometía a pagarle mil 500 pesos en fracciones de 300 y sancionar al chofer, lo cual no cumplió.

María Isabel González reiteró que no es una compensación económica lo que busca, a pesar de que aún hoy necesita usar un collarín, sino que espera que no haya impunidad.