Sin un acuerdo social sobre la agenda política, el Pacto por México está condenado a una constante fragilidad y a sufrir los efectos de toda coyuntura política, lo que puede llevarlo al fracaso, advirtieron politólogos de las universidades Autónoma Metropolitana (UAM) y Nacional Autónoma de México (UNAM).

Luego que hace días se suscitara el primer desencuentro entre el gobierno federal y los líderes de PAN y PRD por el presunto uso de recursos públicos para fines electorales en Veracruz, en el que se involucró a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, especialistas en el sistema político nacional señalaron que los organismos políticos firmantes del pacto han demostrado que están en razón de los intereses partidistas y no en pro de alcanzar mejores resultados para el país.

Desde su origen, afirmaron, el Pacto por México nace como un acuerdo cupular entre las fuerzas políticas en el que no hubo un debate ni siquiera con su militancia, por eso es sumamente frágil. Es un pacto suscrito sólo por las dirigencias partidistas, pero no por sus fuerzas políticas y mucho menos por la sociedad en su conjunto.

Carece de acuerdos sociales

Martha Singer Sochet, coordinadora de investigación del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, destacó que sin una base de apoyo social en las agendas que encabezan las dirigencias partidistas, si hay un desajuste en lo que opinen los dirigentes de los partidos con relación a un tema, el pacto puede fracasar. No hay ninguna fuerza real que salga a defender estas posiciones. Esto refleja su enorme fragilidad y que no existe ningún acuerdo social en torno a su agenda.

Cuestionó si la denuncia por presunto desvío de recursos federales destinados al combate a la pobreza para fines electorales que encabezó el PAN no es sólo una cortina de humo para que las cúpulas políticas firmantes del acuerdo vuelvan a negociar algunos de sus términos.

En entrevista por separado, Telésforo Nava Vázquez, experto en el sistema político nacional y profesor de la UAM-Iztapalapa, afirmó que al presidente Enrique Peña Nieto lo agarraron con los dedos en la perilla, pues PAN y PRD saben que le va a costar caro salir de este atolladero, aunque esas fuerzas políticas también han incurrido en posibles desvíos de recursos públicos para campañas electorales.

La decisión de presionar al gobierno federal con el caso de Sedeso en Veracruz, dijo, pone en una situación crítica al Pacto por México, que podría resistir este tropiezo, pero tendrá constantes sobresaltos, pues las principales cúpulas partidistas necesitan de este acuerdo para enfrentar sus propias batallas internas.

Es evidente, agregó, que el tiempo de presumir que el nuevo gobierno cabalgaba en caballo de hacienda y con acuerdo de todas las fuerzas políticas del país, se acabó. Hay una evidente descomposición que los acuerdos cupulares ya no pueden ocultar, y como ejemplo están las protestas de los maestros de Guerrero, la integración de las policías comunitarias y la constante inseguridad que prevalece en el país ante la fuerza del crimen organizado, concluyó.

Pacto rural en septiembre

Por su parte, el Congreso Agrario Permanente (CAP) se declaró listo para iniciar las mesas temáticas y trabajar los próximos tres meses como lo propuso esta semana el presidente del consejo rector del Pacto por México, Jesús Zambrano, para concretar el pacto rural antes del primero de septiembre, aseguró el coordinador del CAP, Max Correa Hernández.

El también dirigente de la Central Campesina Cardenista (CCC) indicó que los campesinos requerimos hacer un nuevo pacto con el Estado mexicano para superar la pobreza y recuperar nuestra soberanía alimentaria y dejó en claro que los campesinos e indígenas de México no somos un problema, somos la solución.

Añadió que la dependencia alimentaria tiene orígenes estructurales que requieren corregirse con acciones de Estado, pactadas con los actores del medio rural y añadió que el pacto rural que propone el CAP debe contener compromisos claros para apoyar la agricultura campesina y familiar como lo mandata el texto constitucional.