l tema se vuelve a poner de moda en cuanto un grupo de estudiantes se inclina por la violencia para conseguir algo así como el perdón para otros estudiantes que han actuado violentamente con cualquier objetivo. Se invoca que el Estado no puede intervenir porque pondría en juego la autonomía universitaria. Se olvida el concepto mismo de autonomía, que es privativa de la UNAM y significa que en su vida interior no puede intervenir el Estado para elegir sus cuadros de dirección o aprobar sus reglas generales.

Supongo que en los tiempos en que se declaró formalmente la autonomía no era otra la intención que aislar a la institución de intervenciones estatales que afectaran su vida interior.

El propósito era absolutamente claro, ya que no soportaríamos los universitarios que el Estado nos impusiera programas, elección de maestros e investigadores, cuadros de dirección empezando por la rectoría, ni una presencia permanente o circunstancial de fuerzas armadas o simplemente en labores de policía en los territorios universitarios.

Eso no significa, por supuesto, que el Estado no pueda reprimir manifestaciones de protesta que se justifican cuando los actos políticos afectan los principios esenciales de la democracia, lo que lamentablemente ocurre con frecuencia.

Creo, por lo contrario, que el Estado falta a su deber esencial de guardar el orden en el territorio nacional y ciertamente la UNAM allí está ubicada. No se puede tolerar el uso de la violencia y es deber fundamental del Estado intervenir para evitarla, sin afectar con ello al principio de autonomía.

De algún modo eso se manifiesta en el hecho de que la UNAM no ha perdido la posibilidad de acudir a las autoridades cuando se producen, como ahora, notables violaciones de estudiantes –o que por lo menos, invocan serlo– que afectan a los bienes de la UNAM o a su libre utilización para sus propios fines.

Nadie tendría que tolerar la invasión por fuerzas extrañas de su propio domicilio y tendría plena justificación la solicitud al Estado, en particular a las procuradurías de Justicia, para que procediera a desalojar y en su caso sancionar a los invasores causantes de los daños en la propiedad privada o, por lo menos, de actos que impidan a sus propietarios el uso de sus bienes.

Es tradicional que en esos conflictos, que ha habido muchos, se busque el entendimiento por la vía del diálogo, pero no puede admitirse que ese diálogo tenga que hacerse bajo la presión de la amenaza de seguir cometiendo actos ilícitos. En el caso, los mal llamados huelguistas pretenden que la UNAM retire sus denuncias en contra de los estudiantes que le han causado daños y siguen impidiendo el uso normal de sus instalaciones nada menos que en la Rectoría.

Acepto que si hay inconformidades los estudiantes las manifiesten de manera pública pero sin impedir la actividad normal de los centros de estudios. Estoy de acuerdo en que esas manifestaciones se orienten en el sentido de criticar los actos del Estado, pero el Estado no puede olvidar su deber de hacer posible la educación y como consecuencia, ponerle remedio a los actos de violencia que la impidan.

Apoyo totalmente la actitud del rector, doctor José Narro, en el sentido de negarse a dialogar como único medio para dar fin a la violencia. Que cese la violencia, por la vía pacífica y se celebren cuantas pláticas sean necesarias, pero no podrá ponerse como condición para el diálogo el desistimiento de las denuncias presentadas ante la Procuraduría de Justicia.

La UNAM merece mejor trato. En cierto modo el Estado tiene la palabra. La recuperación de las instalaciones por la vía de la fuerza estatal no violentará la autonomía. Por lo contrario, constituirá su mejor apoyo.