on el fin de abrir un espacio para el diálogo, y con el telón de fondo de las denuncias por el presunto uso electorero de la Cruzada Nacional Contra el Hambre –particularmente en Veracruz–, la Presidencia de la República anunció ayer la suspensión temporal de las actividades públicas relacionadas con el Pacto por México, lo que en lo inmediato se ha traducido en la suspensión del proceso de discusión legislativa en torno a la reforma financiera, cuya presentación estaba prevista para realizarse ayer por la mañana.

Es sin duda positivo que el gobierno federal convoque al diálogo entre las distintas fuerzas políticas –una de cuyas funciones principales es, precisamente, la construcción de consensos mediante la negociación–, pero el anuncio comentado reviste aspectos cuestionables en la forma y el fondo, empezando por el desaseo con que fue anunciado: la madrugada de ayer, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, divulgó la suspensión temporal de actividades del pacto en su cuenta de Twitter, en un gesto doblemente improcedente, porque el referido funcionario no tiene representación formal de ninguno de los adherentes del Pacto por México, y porque es expresión de una actitud furtiva y nocturna que no debiera ser necesaria.

Por otra parte, no puede pasarse por alto que la causa aparente del impasse en el Pacto por México es el anuncio de procesos legislativos y legales en contra de la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, y el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, señalados por presuntos usos electorales de programas sociales. Sería particularmente lamentable e improcedente que el diálogo convocado por la Presidencia se volviera un espacio para negociar la atenuación o el abandono de averiguaciones y procesos legislativos indispensables para esclarecer los hechos denunciados por Acción Nacional hace unos días y, en ese medida, para combatir uno de los lastres principales en el desarrollo democrático del país: el uso de recursos públicos para condicionar el voto de los ciudadanos.

En otro sentido,que la suspensión del Pacto por México derive en afectaciones al ritmo legislativo da cuenta del desarreglo institucional que ha inducido un convenio que, a fin de cuentas, carece de asideros legales y políticos: como se mencionó ayer en este mismo espacio, el Pacto por México no es un programa de gobierno ni la base formal de una coalición parlamentaria, sino un listado de acciones y compromisos generales cuyo antecedente podría encontrarse en los arreglos –llamados justamente pactos– que las antiguas presidencias priístas solían imponer a las cúpulas corporativas del régimen.

Con o sin Pacto por México, las bancadas partidistas tienen la posibilidad y el deber constitucional de llevar a cabo las discusiones, deliberaciones y acuerdos necesarios para la gestión –discusión, aprobación o rechazo– de las reformas legales proyectadas. En concreto, es lamentable la suspensión de los procesos legislativos en un tema como el de la reforma financiera; paradójicamente, un arreglo ajeno a la institucionalidad se convierte en obstáculo para el funcionamiento ordinario del Congreso.

Cabe preguntarse, entonces, si el Pacto por México sigue teniendo sentido una vez que hizo posible el arranque político de una nueva administración tras un proceso electoral cuestionado e impugnado que dejó decepción, sospechas y descontento en amplios sectores del electorado.