Han sido un total fracaso los programas instrumentados durante los pasados seis sexenios, para abatir la pobreza en esta nación, y ahora el llamado Pacto por México no dista de ellos, pues evidencia que el interés de estos programas ha sido siempre mediático y no solucionar los problemas de fondo. Los diferentes órdenes de gobierno no entienden que el problema del país es estructural y no de las llamadas reformas.

El Informe 108 del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM), del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, titulado El combate a la pobreza y la campaña contra el hambre, plantea lo anterior y sostiene que en esta administración, una vez más el gobierno federal está tratando de parchar el modelo económico.

El gobierno parece olvidar que el actual funcionamiento de las instituciones del Estado, es decir, el burocratismo, absorben más recursos de los que derraman a la población para combate a la pobreza; lo mismo sucede con educación y salud, precisa.

También indica que en términos absolutos, aumentó 96.1 por ciento el gasto total desembolsado por el gobierno federal en programas de combate a la pobreza a nivel nacional de 1970 a 2012; sin embargo, paradójicamente, se incrementó el número de pobres en 58.2 por ciento.

La investigación estima que en este lapso las cifras oficiales registraron un monto invertido de 36 millones 366 mil 541 pesos para cada pobre del país. No obstante, estos recursos no llegaron a esta población por factores como la burocracia, la corrupción, el desvío de fondos y demás.

Elaborado por los economistas Luis Lozano, David Lozano Tovar, Guadalupe Zavala, Jaime Vázquez, Irma Otero; Javier A. Lozano, David Moctezuma, Cristóbal Reyes y Mario Antonio Quintana, el documento añade que al llamado Combate del Hambre se destinarán 30 mil 600 millones de peso, pero es totalmente contradictorio con otras políticas gubernamentales.

En lo que va de la gestión del presidente Enrique Peña Nieto, donde los salarios de los trabajadores del país muestran una pérdida de su poder adquisitivo de 7 por ciento, producto de los incrementos a gasolinas, gas doméstico, ajuste a tarifas eléctricas, incrementos a discreción de alimentos y aumentos considerables en el transporte público entre 15 y 30 por ciento; mientras los salarios mínimos solamente aumentaron 3.4 por ciento, y en iguales porcentajes han sido los aumentos a los salarios contractuales.