El Seguro Popular cumple 10 años de existencia. En abril de 2003 se aprobó su creación y hoy con 53.7 millones de personas afiliadas y 67 mil 746 millones de pesos de presupuesto en este año es un sistema necesario al que, ahora sí, se le harán algunos ajustes legales para mejorar y asegurar el uso eficiente del dinero en beneficio de la salud de las personas.

Con ese fin, está en puerta un cambio a la Ley General de Salud, así como la decisión de la Secretaría de Salud (Ssa) de encargarse de las compras de vacunas y métodos anticonceptivos. La dependencia administrará los recursos económicos disponibles para este fin, con lo que además de evitar desvío o deficiente utilización del presupuesto se incrementará la cobertura en ambos rubros.

También a partir de 2013, la consulta segura se elimina de los requisitos para la reafiliación al Seguro Popular. Gabriel O’Shea Cuevas, titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), señaló que obligar a los individuos a acudir al centro de salud para una evaluación médica e identificación de factores de riesgo y/o detección oportuna de padecimientos de-salentó el interés de las personas por renovar sus pólizas.

Así lo demuestran estadísticas. El año pasado, los estados reportaron niveles de reafiliación de 60 por ciento en promedio, aunque en cinco entidades el indicador fue menor a 50 por ciento. Por eso, explicó O’Shea, se eliminó ese requisito y ahora la meta es que la renovación de las afiliaciones alcance niveles de 90 por ciento en los próximos dos años.

En entrevista, el funcionario explicó que con la reforma legal que se presentará en breve en el Congreso de la Unión se busca fortalecer jurídicamente la estructura administrativa del Seguro Popular en las entidades federativas.

Para ello se propondrá la creación de Organismos Públicos Descentralizados (OPD), garantes de una gestión eficiente de los recursos económicos.

Además de un representante de la CNPSS, se prevé que la nueva estructura incluya la participación y vigilancia ciudadana. El proyecto preliminar ya es analizado en las áreas jurídicas de la Ssa y de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

El objetivo es terminar la discrecionalidad y riesgos de desvíos de presupuestos como los que se han registrado y conocido públicamente en Oaxaca, Guerrero y recientemente en Tabasco.

El comisionado explicó que también se evitarían otras irregularidades como pagos excesivos a clínicas y hospitales del sector privado, así como en la compra de medicinas. Aunque la CNPSS cuenta con un tabulador para la contratación de servicios médicos privados cuando la infraestructura pública no alcanza para satisfacer la demanda de atención clínica de los afiliados, los estados tienen la facultad de fijar sus propias tarifas, reconoció el comisionado.

De estas anomalías ya ha dado cuenta la Auditoría Superior de la Federación. En la revisión de la cuenta pública 2009, encontró que tales costos eran 48 por ciento superiores a las cuotas del sector público. Al año siguiente, el organismo detectó irregularidades en los procedimientos de compra de medicinas, en particular por la heterogeneidad en los precios que pagan los estados por los mismos productos. Las diferencias en los costos son de hasta tres veces, señaló la ASF.

Además está el problema del desabasto. El dinero del Seguro Popular garantiza a los afiliados el acceso a medicinas, pero el surtimiento de recetas, en promedio, es de 60 a 70 por ciento y hay cinco o seis estados con niveles de 50 por ciento, reconoció O’Shea.