a presidencia de Nicolás Maduro, sucesor del extinto Hugo Chávez al frente del gobierno de Venezuela, arrancó ayer con el telón de fondo de una innegable polarización social y política –que se ha reflejado en estos días con marchas a favor y en contra del mandatario entrante–, de los cuestionamientos y amagos formulados hacia su persona y su gobierno por el dirigente opositor, Henrique Capriles, derrotado por el hoy presidente por más 265 mil votos durante las elecciones del pasado domingo.
Más allá de ese panorama adverso, la juramentación de Maduro desmiente, en lo inmediato, los pronósticos de una crisis poselectoral de gran profundidad que haría inviable el proceso sucesorio en Venezuela. Adicionalmente, la asunción del político chavista se empata con el anuncio, por parte del Consejo Nacional Electoral, de una auditoría a la totalidad de los votos emitidos el pasado 14 de abril, lo que contribuirá a desactivar por esa vía los cuestionamientos de las dirigencias opositoras a la legitimidad del nuevo presidente. Se sigue a la espera de que la oposición solicite un nuevo escrutinio de los comicios mediante una propuesta formal, toda vez que hasta ahora sólo lo ha hecho por cauces mediáticos.
Ambos sucesos, en suma, conjuran la perspectiva de un periodo prolongado de incertidumbre, que sin duda habría sido indeseable para Venezuela y habría colocado a ese país en riesgo de una profundización de la violencia –que ciertamente apareció durante las marchas de protesta convocadas por Capriles, con un saldo lamentable de ocho muertos, derivados de agresiones perpetradas por simpatizantes del candidato opositor– en medio de los barruntos de desestabilización que pudieron observarse en los últimos días, y que han sido la constante durante los casi tres lustros de proyecto chavista. La institucionalidad bolivariana parece iniciar con el pie derecho uno de sus periodos más difíciles, en la medida en que se muestra capaz de preservar el orden republicano, de garantizar la transparencia y confiabilidad de los procesos soberanos –la realización de auditorías sobre un porcentaje mayoritario de los votos es de hecho una práctica común del CNE– y de proveer cauces y mecanismos legales para la resolución de los conflictos políticos en aquel país.
Tal demostración no desactiva los difíciles retos a que se enfrenta el chavismo sin Hugo Chávez, que incluyen la triple tarea de emprender una revisión profunda de sí mismo, hacer realidad los propósitos más avanzados de la agenda política de Maduro –particularmente el objetivo de erradicar la pobreza en Venezuela y hacer frente al problema de la inseguridad– y lidiar con una oposición fortalecida y proclive a prácticas antidemocráticas.
Por último, y sin desconocer que la principal fuente de reconocimiento y legitimidad de todo gobierno radica en su propia población –en el caso de Venezuela, ese respaldo fue otorgado al régimen bolivariano en las elecciones del pasado domingo mediante una mayoría absoluta de los votos–, e incluso ahora, la presencia de 17 jefes de Estado, así como de representantes diplomáticos de más de 60 países en la toma de posesión de Maduro, constituye una incuestionable muestra de respaldo internacional que evidencia, por contraste, la mezquindad y la arrogancia de Estados Unidos y su apéndice hemisférico, la Organización de Estados Americanos (OEA), ambos reacios a reconocer el sentido del fallo popular que dio la victoria a Maduro. Tal circunstancia exhibe, por fortuna, la pérdida de control hegemónico de Washington en la región y el avance de una política internacional multipolar y rica en contrapesos, procesos en los que la Venezuela bolivariana ha tenido un papel fundamental.
