Con la liberación del general Tomás Ángeles Dauahare suman cuatro los casos en que la justicia mexicana tuvo que dar marcha atrás ante acusaciones hechas y decisiones adoptadas durante la gestión de Felipe Calderón. Los otros tres son el de la francesa Florence Cassez, el del subprocurador Noé Ramírez Mandujano y el de la cadena MVS Multivisión.

Tres de ellos tienen que ver con denuncias de presuntos vínculos con el crimen organizado y uno con el retiro –y posible reposición– de la concesión de una frecuencia de radio y televisión.

Esto ocurre a casi cinco meses de iniciada la administración de Enrique Peña Nieto.

En 2007, Cassez fue acusada de secuestro, delincuencia organizada y posesión ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, y condenada a 60 años de prisión. Pero ante diversas irregularidades judiciales, como la no realización de un debido proceso, fue liberada el 23 de enero pasado tras un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El lunes pasado fue liberado Ramírez Mandujano, ex titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo, hoy Seido), luego de ser encarcelado en 2008 por supuesta protección al cártel de los hermanos Beltrán Leyva. Un juez federal consideró que las acusaciones no fueron demostradas y declaró inocente al ex funcionario.

Apenas ayer, la propia SCJN dejó sin efecto la decisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, adoptada el año pasado, de no prolongar las concesiones de radio y televisión de la frecuencia de 2.5 gigahercios a la empresa MVS Multivisión.

Y también ayer, otro juez federal determinó sobreseer la causa penal contra Ángeles Dauahare por falta de pruebas y ordenó su inmediata libertad.

La decisión se dio después que la Procuraduría General de la República se desistió de la acusación de que el general daba protección al cártel de los hermanos Beltrán Leyva, presentada hace un año.