Guadalajara, Jal., 16 de abril.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) recibió mil 288 denuncias por desapariciones sólo en la zona metropolitana de Guadalajara durante el 2012; una de ellas involucra a un servidor público, informó hoy el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián.

Explicó que la desaparición de una persona viola los derechos a la integridad física y la seguridad personal, al trato digno, a la legalidad, a la libertad y, de forma específica, al derecho a no sufrir tortura, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

Álvarez Cibrián reconoció que las desapariciones han repuntado en años recientes en Jalisco. Recordó el caso del líder nahua Celedonio Monroy Prudencio, secuestrado en su casa, en Ayotitlán, el 24 de octubre de 2012. Aún se ignora su paradero.

De acuerdo con el ombudsman, “en Jalisco no se ha tipificado en toda su dimensión técnica el delito de desaparición de personas, pues el Código Penal del estado únicamente considera el delito de privación ilegal de la libertad y lo describe así: ‘Comete el delito el particular que, fuera de los casos previstos por la ley, prive a otra persona de su libertad’. Es claro que las hipótesis de ambas figuras jurídicas son distintas”, lamentó.

Pidió al Congreso local que armonice la ley con los instrumentos internacionales suscritos e incluya el delito de desaparición de personas en el Código estatal. También solicitó a la Fiscalía General que investigue las desapariciones y, de ser viable, integre un área especializada para atenderlos.